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Durante el período 1976-83, al menos 20.000 personas fueron desaparecidas, según las cuentas oficiales, aunque las organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a 30.000. A pesar de las expresiones públicas de arrepentimiento (en 1995 y 2004) de los jefes de la marina, el ejército y la fuerza aérea por los crímenes cometidos por las fuerzas armadas durante la dictadura, las cuestiones relativas a la guerra sucia siguieron siendo políticamente sensibles. En 2003, el presidente Kirchner revocó un decreto que impedía la extradición de ciudadanos argentinos sospechosos de violaciones de los derechos humanos. Posteriormente, los tribunales de España, Francia, Alemania y Suecia solicitaron la extradición de antiguos militares argentinos por crímenes cometidos contra sus ciudadanos. En 2001 se ordenó que el ex presidente Videla fuera juzgado por el secuestro de 72 extranjeros en el marco del Plan Cóndor, un presunto plan de la década de 1970 entre los dictadores de derecha de Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia para erradicar a los opositores políticos de izquierda. En 2002, el ex dictador general Galtieri fue puesto bajo arresto domiciliario por cargos relacionados con la tortura y el asesinato de miembros del grupo guerrillero izquierdista Montoneros en 1980. En 2003, el Senado aprobó una ley que permitía la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (adoptadas en 1986 y 1987, respectivamente), y ratificó una Convención de las Naciones Unidas que eliminaba ostensiblemente todas las limitaciones constitucionales a los procesos de derechos humanos. Ambas leyes fueron derogadas por el Tribunal Supremo en 2005.