Presidencia de Mauricio Macri

Presidencia de Mauricio Macri en Argentina en Argentina

Nota: este período tuvo lugar tras el gobierno militar, la etapa de gobierno civil, la vuelta al peronismo entre 1989 a 1997, la Crisis Económica iniciada en el Año 2000 y la historia del Kirchnerismo.

Historia de la Presidencia de Mauricio Macri en Argentina

Mauricio Macri en el poder

Macri juró su cargo el 10 de diciembre de 2015. Su gabinete incluía a Susana Malcorra como ministra de Asuntos Exteriores y al ex presidente del Banco Central Alfonso Prat-Gay como jefe de la recién fusionada cartera de Economía y Finanzas Públicas. Prat-Gay se encargó de reactivar las deterioradas finanzas del país y asegurar el acceso al crédito internacional. Para ello, uno de los primeros actos del nuevo Gobierno fue suprimir los controles de divisas y volver a un tipo de cambio único flotante. El Gobierno de Macri también reabrió las negociaciones con los acreedores hold-out (ver «Default» de la deuda) en enero de 2016; la resolución del impasse en abril permitió a Argentina acceder al tan necesario crédito exterior. Macri también utilizó un decreto de urgencia para anular la controvertida ley de 2009 que limitaba el número de licencias que podían poseer las empresas de comunicación. También se creó un nuevo organismo regulador.

El nuevo Gobierno dejó claras sus intenciones de reducir la masa salarial del sector público, y los representantes del Gobierno iniciaron negociaciones sobre restricciones salariales con los líderes sindicales. A finales de febrero de 2016 se habían perdido al menos 21.000 puestos de trabajo en el sector público, lo que provocó las protestas de los trabajadores. En respuesta, en abril los senadores de la oposición, que gozaban de mayoría legislativa, aprobaron una ley que prohibía cualquier pérdida de empleo en el sector público o privado durante 180 días. Para evitar su aprobación en la Cámara de Diputados, a principios de mayo Macri logró un acuerdo con los empresarios para no aplicar recortes de empleo durante al menos 90 días. Sin embargo, la propuesta fue aprobada en la Cámara Baja a mediados de mayo, lo que llevó a Macri a ejercer su veto presidencial para desestimar la legislación. Al mismo tiempo, sin embargo, anunció aumentos del salario mínimo; el aumento del umbral del impuesto sobre la renta se había dado a conocer a principios de año.

El Gobierno de Macri puso fin a los subsidios en las facturas de electricidad en febrero de 2016, y en los gastos de gas y agua en abril. Bajo la administración de Fernández, los consumidores habían disfrutado de generosos subsidios en los servicios públicos. En algunos casos, las tarifas del gas aumentaron una media del 300%, lo que provocó una fuerte oposición de los consumidores. El nuevo Gobierno argumentó que las subidas eran necesarias para poder reformar el sector energético, que había sufrido una falta de inversión. A finales de junio se celebraron nuevas manifestaciones contra las subidas y para exigir aumentos salariales. En julio, un tribunal federal dictaminó que los aumentos del coste del combustible eran ilegales, ya que no se había realizado ninguna consulta pública antes del anuncio. Aunque el Gobierno recurrió la sentencia, tres días más tarde anunció que se fijaría un límite a las subidas de precios. Sin embargo, en septiembre el Tribunal Supremo dictaminó que las subidas podían mantenerse hasta que concluyera una consulta pública, que comenzaba ese mes.

Los sindicatos del país se movilizaron contra los aumentos de los costes de los servicios públicos, así como contra la creciente inflación, a lo largo de 2016 y 2017. En agosto de 2016, la principal confederación sindical, la CGT, fusionó mejor sus tres principales facciones para oponerse a las medidas de austeridad del Gobierno. A principios de mes, en un intento de apaciguar las protestas sociales y asegurar el apoyo de los gobernadores regionales a su agenda legislativa, el Gobierno anunció una financiación extra para las provincias. Al mismo tiempo, se desveló la financiación de los planes de seguro médico de los sindicatos. Sin embargo, el descontento social continuó, así como los esfuerzos del Congreso, controlado por la oposición, para aprobar leyes que aumentaran los niveles salariales y las prestaciones de desempleo. A finales de noviembre, el Gobierno llegó a un acuerdo con los partidos de la oposición para aprobar una ley que permitiera una mayor financiación de los programas sociales y la creación de empleo. La concesión permitió a la administración obtener la aprobación legislativa de su presupuesto para 2017, que fue debidamente aprobado el 30 de noviembre. Sin embargo, a finales de diciembre, ante una economía todavía en dificultades, Macri destituyó a Prat-Gay y separó las carteras de economía y finanzas públicas. Nicolás Dujovne se hizo cargo de este último ministerio, mientras que el adjunto de Prat-Gay, Luis Caputo, fue nombrado ministro de Economía.

No obstante, las tensiones entre el Gobierno y el Congreso, controlado por la oposición, siguieron siendo elevadas. En noviembre de 2016, el Gobierno sufrió una importante derrota en su intento de introducir una reforma electoral, una de las promesas de campaña de Macri. El Senado rechazó una propuesta para introducir un sistema de voto electrónico, entre otras reformas, que pretendía aumentar la transparencia electoral. Luego, el 6 de diciembre, la Cámara Baja aprobó una medida presentada por la oposición para aumentar el umbral del impuesto sobre la renta en un 40%. El FPV argumentó que la alta inflación había hecho que muchos trabajadores más pobres pagaran el impuesto sobre la renta.

Las protestas de los miembros de los sindicatos continuaron en 2017, y a principios de abril la CGT organizó una huelga general de un día en apoyo de los aumentos salariales. Una semana más tarde, los docentes protagonizaron una protesta en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para exigir un aumento salarial acorde con la inflación. El 20 de abril, el presidente Macri llegó a un acuerdo con los gobernadores regionales para alinear la política energética provincial y federal, un logro importante en la promesa del Gobierno de reformar el sector energético.

En mayo de 2017, Jorge Faurie fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores y Culto tras la dimisión de Susana Malcorra por motivos personales. A Malcorra se le atribuyó el mérito de elevar el papel de Argentina en la escena internacional y de aplicar una política exterior más orientada al exterior.

Reforma política y económica

El 22 de octubre de 2017 se celebraron las elecciones a la mitad de la Cámara de Diputados y a un tercio del Senado. El partido del presidente Macri, Cambiemos, obtuvo mejores resultados de los esperados, aumentando su representación en la Cámara de Diputados, de 257 escaños, de 86 a 108, aún sin alcanzar la mayoría absoluta. En el Senado, Cambiemos controlaba 24 escaños, un aumento de nueve escaños, aunque de nuevo le faltaba la mayoría. Por el contrario, la alianza de oposición peronista liderada por el FPV de Fernández de Kirchner perdió apoyos, conservando 64 escaños en la Cámara Baja (frente a 75) y nueve en el Senado (frente a 18). La propia Fernández se aseguró un escaño en el Senado por el sistema de listas electorales, a pesar de quedar tercera en el escrutinio en la provincia de Buenos Aires tras dos candidatos de Cambiemos.

Los resultados electorales dieron a Macri un nuevo impulso para avanzar en su ambicioso programa de reformas económicas y políticas. Para ello, en noviembre de 2017 el presidente consiguió el acuerdo de los gobernadores provinciales del país para una revisión del sistema tributario. Además de una rebaja del impuesto de sociedades para las empresas que reinvirtieran en el país, Macri pretendía reducir la recaudación de las regiones para dinamizar la economía. A cambio, habría una redistribución de fondos federales a las provincias. El apoyo de los gobernadores regionales era necesario para asegurar la aprobación de la legislación en el parlamento federal. A principios de mes, el Gobierno también había llegado a un acuerdo con la poderosa CGT sobre su propuesta de reforma laboral, que aumentaría la competencia y reduciría los costes de los empresarios.

También en noviembre de 2017, la Cámara de Diputados aprobó la legislación que aumenta la responsabilidad institucional, parte del plan del Presidente para abordar la corrupción aparentemente generalizada en los círculos gubernamentales y empresariales. La Cámara Alta también debatió una propuesta para limitar los mandatos de los cargos públicos. Este debate se produjo poco después de la renuncia de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, nombrada bajo el gobierno del FPV, quien a su vez enfrentaba una investigación por corrupción.

A pesar de que la CGT acordó apoyar al Gobierno, en diciembre de 2017 los sindicatos organizaron protestas frente al edificio del Congreso federal contra las reformas laborales propuestas, así como contra los cambios discutidos en el sistema de pensiones (ya aprobados por el Senado a finales de noviembre) que aumentarían la edad de jubilación y vincularían los pagos a la tasa de inflación. Las protestas se extendieron y llegaron a la violencia cuando, el 19 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó las reformas de las pensiones. El Gobierno argumentó que los cambios eran necesarios para garantizar la supervivencia a largo plazo del sistema de pagos, así como para reducir el déficit fiscal y evitar nuevas crisis económicas. Los opositores sostenían que los pensionistas verían reducidos sus ingresos. El Gobierno logró un nuevo éxito al día siguiente con sus reformas económicas cuando la Cámara de Diputados aprobó los polémicos cambios en el sistema fiscal. El Senado hizo lo propio a finales de mes.

A pesar de la reducción gradual de los subsidios a la energía desde diciembre de 2015, en marzo de 2018 el Ministerio de Energía y Minas anunció una nueva subida del precio del gas, de entre el 28% y el 40%, a partir de abril. El Gobierno atribuyó la necesidad de aumentar los precios a la escasa inversión en el sector y a los subsidios demasiado generosos de la anterior administración del FPV, así como al aumento de los precios internacionales de los combustibles. El anuncio, sumado a que los precios al consumidor siguen subiendo, provocó un nuevo descontento social generalizado. La UCR, socio de Cambiemos en la coalición de gobierno, también se opuso a la medida, y amenazó con votar con la oposición el congelamiento de precios en el Congreso. Ante tal resistencia, a mediados de abril Macri anunció que se moderaría la subida del precio del gas. También pidió a los gobiernos provinciales que eliminaran los impuestos sobre los servicios públicos para aliviar la carga financiera de la población. Sin embargo, a finales de mayo el Senado aprobó una ley que suspendía la subida del precio de los combustibles. Macri respondió inmediatamente vetando la ley, insistiendo en que las subidas eran necesarias para reducir el déficit fiscal. El 8 de octubre se anunció una nueva subida de los precios de los servicios, esta vez del gas natural, lo que provocó nuevas protestas. El descontento se vio agravado por el hecho de que la subida debía ser retroactiva, debido a la caída del valor del peso a lo largo del año. Sin embargo, la fuerte oposición en el Congreso obligó al Gobierno a abandonar el aspecto retroactivo del aumento dos días después.

El presidente Macri destituyó al jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante Marcelo Srur, el 15 de diciembre de 2017. El despido de Srur fue en respuesta a la pérdida de un submarino, el San Juan, con 44 tripulantes a bordo, en el mes anterior. El submarino había desaparecido en el Atlántico sur a mediados de noviembre, lo que provocó un esfuerzo de búsqueda internacional. El fracaso en la localización de la nave, así como la decisión de abandonar la búsqueda tras 18 días, provocó críticas al Gobierno. Los familiares de la tripulación desaparecida exigieron que el Presidente se reuniera con ellos personalmente para explicar la gestión de la tragedia por parte de su administración. El submarino fue encontrado en el fondo marino del Atlántico sur en noviembre de 2018.

En junio de 2018 la Cámara de Diputados federal aprobó por escaso margen la legalización del aborto en las primeras 14 semanas de embarazo. Las condenadas por interrumpir un embarazo se enfrentaban actualmente a penas de hasta cuatro años de prisión. En agosto, sin embargo, el Senado rechazó el proyecto. La cuestión polarizó al país, así como a la coalición gobernante, con protestas a favor y en contra de la ley, y su rechazo provocó manifestaciones ante el edificio del Congreso. En febrero de 2019 se realizaron nuevas manifestaciones a favor de la legalización del aborto. El tema del derecho al aborto volvió a cobrar protagonismo en mayo, después de que se introdujera en la Cámara Baja una nueva propuesta que pretendía acabar con el derecho de los médicos a «objetar en conciencia» la realización de una interrupción del embarazo o a retrasar el procedimiento más allá de las 14 semanas de gestación (cuando el aborto es ilegal en cualquier circunstancia). Luego, en noviembre, el secretario de Salud, Adolfo Rubenstein, renunció a su cargo un día después de haber intentado introducir un protocolo estándar para los hospitales que se ocupan de los abortos legales (en caso de violación o cuando un embarazo pone en peligro la salud de la mujer). El presidente Macri se opuso a la acción unilateral de su ministro y anuló inmediatamente el protocolo, provocando la salida de Rubenstein del Gabinete.

En julio de 2018, el presidente Macri anunció planes para cambiar las atribuciones de los militares y permitirles participar en asuntos de seguridad interna. El decreto pretendía permitir a las fuerzas armadas ayudar en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Desde el final de la dictadura, el papel de los militares se había limitado a proteger al país de las amenazas extranjeras. El decreto suscitó las protestas de los partidos de la oposición de izquierdas, que consideraron que podría suponer una vulneración de las libertades civiles, e incluso violaciones de los derechos humanos.

En febrero de 2019, un tribunal absolvió a Carlos Menem, el entonces presidente, de estar implicado en el encubrimiento del famoso atentado de 1994 contra un centro cultural judío en Buenos Aires en el que murieron 85 personas; sin embargo, el mismo tribunal encarceló al juez que dirigió la investigación de los asesinatos, tras ser declarado culpable de ocultar pruebas. Véase más sobre la muerte de Alberto Nisman y el caso AMIA.

Las elecciones de 2019

Las elecciones generales y presidenciales estaban previstas para octubre de 2019. En consecuencia, a lo largo del año todos los partidos seleccionaron candidatos. En mayo, la ex presidenta Fernández puso fin a meses de especulaciones al anunciar que no buscaría la candidatura presidencial del PJ, sino que se presentaría como candidata a vicepresidenta de su ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández (sin parentesco). Esto fue a pesar de que ella enfrenta varias acusaciones de corrupción (ver arriba). Roberto Lavagna, de la facción rival del PJ, Alternativa Federal, anunció también en la misma semana su intención de presentarse como candidato peronista. Sergio Massa, también de la facción de Alternativa Federal y otro probable rival, impulsó las posibilidades de la candidatura presidencial de Fernández en junio al aceptar presentarse a un escaño en el Congreso, como parte de la alianza «Frente de Todos».

Tal y como se preveía en las primarias de agosto de 2019, en las elecciones propiamente dichas del 27 de octubre, Alberto Fernández se impuso en la primera vuelta con el 48,2% de los votos válidos. Macri consiguió el 40,3% de los votos válidos. Lavagna se quedó muy atrás, con el 6,1% de los votos. Tras las elecciones concurrentes al Congreso, el reparto de escaños entre el Frente de Todos y el Junto por el Cambio estaba casi igualado en la Cámara Baja, ya que el primero controlaba 120 escaños mientras que la alianza de Macri tenía uno menos, con 119. Esto significa que Fernández tendrá que buscar alianzas en la Cámara de Diputados para avanzar en su agenda legislativa. Su falta de mayoría tranquilizaba a los mercados de que el Presidente entrante no podría adoptar políticas radicales de izquierda. De hecho, Martín Guzmán, un moderado, fue nombrado Ministro de Economía. La primera prioridad de Guzmán fue renegociar la deuda externa pendiente del país. Para ello, en noviembre, el Presidente electo inició las negociaciones con los acreedores internacionales: anunció que su Gobierno cumpliría con las obligaciones financieras de Argentina, pero que no aceptaría más desembolsos del FMI (el último tramo se había suspendido en septiembre mientras el FMI esperaba que se aclararan las políticas del nuevo Gobierno).

En su discurso de investidura, el 10 de diciembre de 2019, el presidente Fernández reiteró que su principal prioridad era revitalizar la economía nacional sin aplicar más medidas de austeridad. Matías Kulfas, otro moderado, fue nombrado para el importante cargo de ministro de Desarrollo Productivo, mientras que Luis Basterra recibió la cartera de Agricultura. El nuevo Ministro de Asuntos Exteriores fue Felipe Solá y el Jefe de Gabinete fue Santiago Cafiero. El nuevo Gobierno presentó inmediatamente al Congreso una serie de medidas de emergencia, que fueron aprobadas el 21 de diciembre. La legislación otorgaba al Gobierno la facultad de aprobar decretos para acelerar el plan de recuperación económica. Entre las medidas se encontraban el aumento de los impuestos sobre el cambio de divisas, así como sobre las exportaciones agrícolas y la venta de automóviles. Los trabajadores del sector privado y público también recibieron un aumento salarial. La ley también permitió al Gobierno reabrir las conversaciones de reestructuración de la deuda con el FMI. Así, tras varias revisiones de las propuestas de la administración Fernández en enero y febrero de 2020, el 10 de marzo se iniciaron las negociaciones entre el Gobierno y el FMI. Estas continuaban en abril, aunque el brote de la nueva enfermedad del coronavirus (COVID-19) en el país retrasó los avances. Argentina cerró sus fronteras para contener la propagación del virus el 15 de marzo y, cinco días después, se introdujo una estricta cuarentena. Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, hasta el 14 de abril se habían notificado 2.252 casos confirmados de COVID-19 en Argentina, con 95 víctimas mortales.

Revisor de hechos: Brooks

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