Crisis en Argentina en Argentina

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Definición de Crisis

Según el concepto de Crisis que brinda el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Crisis hace referencia a lo siguiente:

Mutación considerable en el curso de una enfermedad, por mejoría o por agravación.

Concepto Alternativo del Término

Momento decisivo de un negocio o actividad.

Más sobre Crisis

Se habla así de crisis económicas, por la perturbación que en esa esfera se produce por malas cosechas, guerra, estragos, altos o bajos salarios, inflación, entre otros factores; de crisis laborales, por falta de trabajo y alto índice de paro forzoso. y de crisis ministeriales. cuando renuncia un gabinete, o alguno de sus ministros, entonces crisis parcial.

Crisis en el Derecho Argentino

Visión General

Concepto de Crisis

Definición de crisis en el contexto del derecho administrativo público argentino: Fememino. Situación problemática caracterizada por amenazar gravemente los objetivos fundamentales de una organización o sistema, con un comportamiento exponencial o caótico de los factores del problema que deja escaso margen de tiempo para la toma de decisiones. (R1: 41).

Significado Alternativo de Crisis

Ruptura de un «equilibrio» a lo largo de una tendencia, y un posterior reacomodamiento. (Doc.27: 31). Ciertamente, las crisis pueden obligar a los sistemas políticos y organizaciones a la revisión radical de sus objetivos, políticas, procesos y sistemas. (R1: 42). Crisis en inglés: crisis. Crisis en francés: crise.[1]

La Crisis Económica iniciada en el Año 2000

Nota: este período tuvo lugar tras el gobierno militar, la etapa de gobierno civil y la vuelta al peronismo entre 1989 a 1997.

En las elecciones presidenciales de octubre de 1999, Fernando de la Rúa, candidato de la ATJE (Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación -ATJE-, como se habían convertido la UCR y el Frepaso), puso fin a 10 años de gobierno peronista. La ATJE también obtuvo buenos resultados en las elecciones parlamentarias concurrentes. En diciembre, el Congreso aprobó un presupuesto de austeridad que reducía el gasto público en 1.400 millones de dólares, así como un importante programa de reforma fiscal y un plan de reparto de los ingresos federales.

En abril de 2000, el Senado aprobó una controvertida revisión de la legislación laboral. La legislación provocó manifestaciones masivas de los trabajadores del sector público y dos huelgas nacionales de 24 horas. Ese mismo año, el gobierno se vio sometido a una intensa presión tras denunciarse que algunos senadores habían recibido sobornos de funcionarios del gobierno para aprobar la legislación. En septiembre, el Senado votó a favor de poner fin a la inmunidad que protegía a los legisladores, jueces y ministros del gobierno de las investigaciones penales, con el fin de permitir una investigación sobre las acusaciones de corrupción. La crisis política se intensificó el 6 de octubre, cuando Carlos Álvarez dimitió como vicepresidente tras la implicación de dos ministros en el escándalo. A principios de ese mes, el Presidente del Senado, José Genoud, dimitió tras verse también implicado en las acusaciones. (De la Rúa fue absuelto de los sobornos a los senadores en diciembre de 2013).

En noviembre de 2000, miles de personas bloquearon las carreteras de todo el país en protesta por el empeoramiento de las condiciones económicas, y se organizó una huelga nacional de 36 horas en respuesta a la propuesta del Gobierno de introducir un plan de austeridad respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En diciembre, tras la aprobación de las reformas, el FMI acordó un paquete, por un valor estimado de 20.000 millones de dólares, para cumplir con las obligaciones de la deuda externa de Argentina para 2001.

La dimisión del Ministro de Economía, José Luis Machinea, precipitó otra crisis política en marzo de 2001. El anuncio de importantes reducciones del gasto público provocó varias dimisiones más del gabinete. Como consecuencia, se produjo una segunda remodelación, en la que Domingo Cavallo fue nombrado de nuevo Ministro de Economía. En junio, Cavallo anunció una serie de medidas para aliviar la situación financiera. La más controvertida de ellas fue la introducción de un complejo sistema de tarifas comerciales que creaba múltiples tipos de cambio; se trataba, en efecto, de una devaluación del peso para el comercio exterior, aunque se mantenía la fijación del dólar para las transacciones nacionales. A medida que se intensificaba la crisis de la deuda y aumentaban los temores de impago, se aplicó un nuevo paquete de medidas de emergencia, el séptimo en 19 meses. Se anunció una política de «déficit cero», según la cual ni el Gobierno federal ni ninguna provincia podrían gastar más de lo que recaudaban en impuestos. Para lograrlo, los salarios y las pensiones del Estado debían reducirse en un 13%. En las elecciones legislativas de octubre, el PJ obtuvo el control de la Cámara de Diputados y aumentó su mayoría en el Senado.

En diciembre de 2001, al aumentar considerablemente la posibilidad de un impago, el Gobierno introdujo restricciones a los retiros de cuentas bancarias (el corralito ) y se apropió de los fondos de pensiones privados. Estas medidas provocaron dos días de disturbios y manifestaciones en todo el país, en las que murieron al menos 27 personas. El 20 de diciembre Cavallo dimite como ministro de Economía y De la Rúa deja la presidencia. El recién nombrado jefe del Senado, Ramón Puerta, se convirtió en presidente en funciones, pero fue sucedido dos días después por el peronista Adolfo Rodríguez Saá. Éste, a su vez, dimitió una semana después tras las protestas contra las reformas económicas que proponía. (Debido a la dimisión de Puerta como Presidente del Senado, Eduardo Camaño, jefe de la Cámara de Diputados, se convirtió brevemente en Presidente en funciones). El 1 de enero de 2002 el Congreso eligió presidente a Eduardo Alberto Duhalde, senador peronista por la provincia de Buenos Aires. El 3 de enero, Argentina incumplió oficialmente el pago de sus préstamos, al parecer el mayor impago de la historia, y tres días después el Senado autorizó al Gobierno a fijar el tipo de cambio, poniendo así fin oficialmente a la paridad de diez años entre el dólar y el peso. En febrero, el Gobierno inició la conversión obligatoria a pesos de los depósitos bancarios en dólares estadounidenses para evitar la fuga de capitales. Este proceso de «pesoficación» dio lugar a numerosas demandas contra las instituciones financieras en un intento de los depositantes de recuperar sus pérdidas. Sin embargo, en 2004 la Corte Suprema dictaminó que la «pesoficación» no era inconstitucional.

Sin embargo, en febrero de 2002 el Tribunal Supremo sí dictaminó que las restricciones impuestas a los retiros bancarios eran inconstitucionales. Para evitar el colapso del sistema financiero, el Gobierno impuso una prohibición de seis meses para impugnar el resto del régimen de retirada de fondos. También se decretaron numerosos días festivos. Ese mismo mes, el Gobierno firmó un nuevo pacto de reparto de impuestos con los gobernadores provinciales, vinculando la cantidad mensual distribuida a las provincias a la recaudación de impuestos, tal y como recomendaba el FMI. En abril, Jorge Remes Lenicov dimitió como ministro de Economía tras la negativa del Senado a apoyar un plan de emergencia para cambiar los depósitos bancarios congelados por bonos del Estado. Aunque el número de depósitos en los bancos argentinos aumentó, Argentina siguió incumpliendo el pago de un préstamo de 805 millones de dólares al Banco Mundial en noviembre, poniendo en peligro la última fuente de financiación externa que le quedaba al país. Además, la ira de la población contra el Gobierno y la situación de la economía siguió siendo fuerte.

Revisión de hechos: Brooks

Recursos

Notas y Referencias

1. Información sobre crisis basado en la obra de Postigo de Bedia, Ana María & Díaz de Martínez, Lucinda del Carmen. (2006). Diccionario de términos de la Administración Pública (Vol. 8). Buenos Aires, Argentina: Editorial Dunken.