La Crisis Económica en Argentina en Argentina

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La Historia de la Crisis Económica en el Siglo XXI

La Crisis Económica iniciada en el Año 2000

Nota: este período tuvo lugar tras el gobierno militar, la etapa de gobierno civil y la vuelta al peronismo entre 1989 a 1997.

En las elecciones presidenciales de octubre de 1999, Fernando de la Rúa, candidato de la ATJE (Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación -ATJE-, como se habían convertido la UCR y el Frepaso), puso fin a 10 años de gobierno peronista. La ATJE también obtuvo buenos resultados en las elecciones parlamentarias concurrentes. En diciembre, el Congreso aprobó un presupuesto de austeridad que reducía el gasto público en 1.400 millones de dólares, así como un importante programa de reforma fiscal y un plan de reparto de los ingresos federales.

En abril de 2000, el Senado aprobó una controvertida revisión de la legislación laboral. La legislación provocó manifestaciones masivas de los trabajadores del sector público y dos huelgas nacionales de 24 horas. Ese mismo año, el gobierno se vio sometido a una intensa presión tras denunciarse que algunos senadores habían recibido sobornos de funcionarios del gobierno para aprobar la legislación. En septiembre, el Senado votó a favor de poner fin a la inmunidad que protegía a los legisladores, jueces y ministros del gobierno de las investigaciones penales, con el fin de permitir una investigación sobre las acusaciones de corrupción. La crisis política se intensificó el 6 de octubre, cuando Carlos Álvarez dimitió como vicepresidente tras la implicación de dos ministros en el escándalo. A principios de ese mes, el Presidente del Senado, José Genoud, dimitió tras verse también implicado en las acusaciones. (De la Rúa fue absuelto de los sobornos a los senadores en diciembre de 2013).

En noviembre de 2000, miles de personas bloquearon las carreteras de todo el país en protesta por el empeoramiento de las condiciones económicas, y se organizó una huelga nacional de 36 horas en respuesta a la propuesta del Gobierno de introducir un plan de austeridad respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En diciembre, tras la aprobación de las reformas, el FMI acordó un paquete, por un valor estimado de 20.000 millones de dólares, para cumplir con las obligaciones de la deuda externa de Argentina para 2001.

La dimisión del Ministro de Economía, José Luis Machinea, precipitó otra crisis política en marzo de 2001. El anuncio de importantes reducciones del gasto público provocó varias dimisiones más del gabinete. Como consecuencia, se produjo una segunda remodelación, en la que Domingo Cavallo fue nombrado de nuevo Ministro de Economía. En junio, Cavallo anunció una serie de medidas para aliviar la situación financiera. La más controvertida de ellas fue la introducción de un complejo sistema de tarifas comerciales que creaba múltiples tipos de cambio; se trataba, en efecto, de una devaluación del peso para el comercio exterior, aunque se mantenía la fijación del dólar para las transacciones nacionales. A medida que se intensificaba la crisis de la deuda y aumentaban los temores de impago, se aplicó un nuevo paquete de medidas de emergencia, el séptimo en 19 meses. Se anunció una política de «déficit cero», según la cual ni el Gobierno federal ni ninguna provincia podrían gastar más de lo que recaudaban en impuestos. Para lograrlo, los salarios y las pensiones del Estado debían reducirse en un 13%. En las elecciones legislativas de octubre, el PJ obtuvo el control de la Cámara de Diputados y aumentó su mayoría en el Senado.

En diciembre de 2001, al aumentar considerablemente la posibilidad de un impago, el Gobierno introdujo restricciones a los retiros de cuentas bancarias (el corralito ) y se apropió de los fondos de pensiones privados. Estas medidas provocaron dos días de disturbios y manifestaciones en todo el país, en las que murieron al menos 27 personas. El 20 de diciembre Cavallo dimite como ministro de Economía y De la Rúa deja la presidencia. El recién nombrado jefe del Senado, Ramón Puerta, se convirtió en presidente en funciones, pero fue sucedido dos días después por el peronista Adolfo Rodríguez Saá. Éste, a su vez, dimitió una semana después tras las protestas contra las reformas económicas que proponía. (Debido a la dimisión de Puerta como Presidente del Senado, Eduardo Camaño, jefe de la Cámara de Diputados, se convirtió brevemente en Presidente en funciones). El 1 de enero de 2002 el Congreso eligió presidente a Eduardo Alberto Duhalde, senador peronista por la provincia de Buenos Aires. El 3 de enero, Argentina incumplió oficialmente el pago de sus préstamos, al parecer el mayor impago de la historia, y tres días después el Senado autorizó al Gobierno a fijar el tipo de cambio, poniendo así fin oficialmente a la paridad de diez años entre el dólar y el peso. En febrero, el Gobierno inició la conversión obligatoria a pesos de los depósitos bancarios en dólares estadounidenses para evitar la fuga de capitales. Este proceso de «pesoficación» dio lugar a numerosas demandas contra las instituciones financieras en un intento de los depositantes de recuperar sus pérdidas. Sin embargo, en 2004 la Corte Suprema dictaminó que la «pesoficación» no era inconstitucional.

Sin embargo, en febrero de 2002 el Tribunal Supremo sí dictaminó que las restricciones impuestas a los retiros bancarios eran inconstitucionales. Para evitar el colapso del sistema financiero, el Gobierno impuso una prohibición de seis meses para impugnar el resto del régimen de retirada de fondos. También se decretaron numerosos días festivos. Ese mismo mes, el Gobierno firmó un nuevo pacto de reparto de impuestos con los gobernadores provinciales, vinculando la cantidad mensual distribuida a las provincias a la recaudación de impuestos, tal y como recomendaba el FMI. En abril, Jorge Remes Lenicov dimitió como ministro de Economía tras la negativa del Senado a apoyar un plan de emergencia para cambiar los depósitos bancarios congelados por bonos del Estado. Aunque el número de depósitos en los bancos argentinos aumentó, Argentina siguió incumpliendo el pago de un préstamo de 805 millones de dólares al Banco Mundial en noviembre, poniendo en peligro la última fuente de financiación externa que le quedaba al país. Además, la ira de la población contra el Gobierno y la situación de la economía siguió siendo fuerte.

Tensiones económicas

La presidenta Fernández (véase más detalles sobre su mandato) llevó a cabo una reasignación de las carteras del gabinete en noviembre de 2013. Jorge Capitanich fue nombrado Jefe de Gabinete, mientras que Axel Kicillof, hasta entonces viceministro de Economía, fue promovido a la dirección del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Fernández destituyó a la titular del Banco Central, Mercedes Marco del Pont, nombrando en su lugar a Juan Carlos Fábrega. En diciembre, la presidenta también destituyó a Arturo Puricelli como ministro de Seguridad.

En enero de 2014 se hicieron evidentes nuevas tensiones en la economía, después de que el Gobierno suavizara sus estrictos controles sobre las divisas, en un intento de aumentar las reservas tras la caída del valor del peso. A partir de entonces, los ciudadanos que cumplieran ciertos criterios podrían comprar hasta 2.000 dólares al mes y depositar los fondos en bancos argentinos, en lugar de comprarlos en el mercado negro y guardarlos en cuentas en el extranjero o en casa, como era la práctica habitual. Las dificultades económicas del Gobierno se agravaron en marzo, cuando los sindicatos de profesores de todo el país iniciaron una huelga en apoyo de aumentos salariales de al menos el 30%. Los profesores volvieron al trabajo a finales de mes tras alcanzar un acuerdo salarial, pero el 10 de abril los sindicatos organizaron una huelga general de 24 horas en todo el país para exigir aumentos salariales similares. Se suspendió el transporte público y se bloquearon las carreteras durante la acción industrial, en la que, según los organizadores, participaron unos 1 millón de trabajadores. A finales de agosto se celebró otra huelga general.

Juan Carlos Fábrega dimitió inesperadamente como gobernador del banco central en octubre de 2014, después de que la presidenta Fernández criticara al banco por no haber frenado la caída del valor del peso. Fábrega fue sustituido por Alejandro Vanoli, hasta entonces jefe del regulador bursátil, quien afirmó que no habría más devaluaciones de la moneda. Sin embargo, la crisis económica en curso siguió minando la popularidad del Gobierno. La introducción en septiembre de una ley que impone el control de los precios y la supervisión de la producción de las empresas contó con una amplia oposición del sector privado, que alegó que ahogaría una economía ya afectada negativamente por las altas tasas de inflación y la falta de inversión extranjera. Además, un caso de corrupción en curso contra el vicepresidente Boudou también dañó la reputación de la administración. En junio, un tribunal federal acusó a Boudou de aceptar sobornos y realizar negocios incompatibles con la función pública. Los cargos estaban relacionados con el papel de Boudou en la compra en 2010 de Ciccone Calcográfico, la imprenta de billetes del país. Luego, en el mes siguiente, el vicepresidente tuvo que responder ante la justicia por presuntas irregularidades en la compra de un auto en 1992.

El «impago» de la deuda

Tras el impago del país en 2002, en 2005 y 2010 Argentina había llegado a un acuerdo con cerca del 93% de los acreedores para reestructurar la deuda contraída. Sin embargo, el 7% restante de los tenedores de bonos se negó a aceptar las nuevas condiciones y siguió exigiendo el pago íntegro. En noviembre de 2012, Thomas Griesa, un juez de distrito estadounidense en Nueva York, Estados Unidos, ordenó a Argentina que diera el mismo trato a los tenedores tanto de la deuda impagada como de la reestructurada, en virtud de una cláusula pari passu del acuerdo de reprogramación original. Argentina recurrió la sentencia, que le obligaba a depositar 1.330 millones de dólares en una cuenta de depósito en garantía para asegurar el pago a los acreedores (alrededor del 1% de los denominados holdouts) que exigían el reembolso íntegro. Sin embargo, en agosto de 2013 un tribunal de apelación estadounidense confirmó la sentencia de Griesa. En respuesta, en septiembre ambas cámaras del Congreso aprobaron una decisión del Gobierno de ofrecer a los acreedores con los que aún no había acordado los términos un «canje de deuda» ilimitado, aunque sería bajo la ley argentina y no la estadounidense; no obstante, en noviembre se confirmó la decisión judicial original. Argentina apeló la decisión, pero en junio de 2014 el Tribunal Supremo de EE.UU. dictaminó que los acreedores hold-out (que incluían principalmente fondos de cobertura que habían comprado la deuda después de 2001 por mucho menos de su valor original) tenían derecho a exigir el pago íntegro de toda la deuda pendiente antes de que se pudiera abonar el siguiente pago de la deuda reestructurada a finales de mes. La presidenta Fernández insistió en que el país no podía permitirse pagar a los llamados fondos buitre sin arriesgarse a tener que pagar otros 15.000 millones de dólares a los demás acreedores hold-out, lo que equivale a casi la mitad de las reservas de divisas de Argentina.

No obstante, el Gobierno indicó que estaba dispuesto a negociar con el grupo de acreedores. Para ello, en junio de 2014 el juez Griesa designó a un mediador para mediar en las conversaciones entre ambas partes. Argentina intentó abonar su próximo pago del servicio de la deuda a los acreedores cambiarios a finales de mes, como estaba previsto, pero esta acción fue bloqueada por Griesa. En julio, la Organización de Estados Americanos emitió una declaración de apoyo a la postura de Argentina, tras una votación de sus miembros, aunque Estados Unidos y Canadá se abstuvieron. Ese mismo mes comenzaron las negociaciones entre ambas partes, en Nueva York y en Buenos Aires, aunque fueron intermitentes y se estancaron con frecuencia. El 23 de julio, el juez Griesa rechazó una nueva suspensión de la ejecución del pago. Tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo y la expiración del período de «gracia» de 30 días, a finales de julio Argentina se vio obligada a incurrir en un impago técnico de su deuda soberana. El Gobierno insistió en que no había incumplido, ya que había pagado unos 539 millones de dólares en concepto de intereses a los acreedores del canje en una cuenta, tal como estaba previsto.

El Gobierno de Fernández propuso en agosto de 2014 otro canje de deuda a los acreedores hold-out en lugar del pago total, y en septiembre el Congreso aprobó otra propuesta para que los nuevos bonos se emitieran bajo jurisdicción argentina o francesa, en lugar de estadounidense. El juez Griesa reaccionó a la legislación declarando a Argentina en desacato, acusando al Gobierno de intentar eludir el sistema judicial estadounidense. Las dos partes se mantuvieron en un punto muerto, a pesar de las esperanzas de que se pudiera llegar a algún tipo de acuerdo tras la expiración, en 2015, de una cláusula del acuerdo original de reestructuración de la deuda (Rights Upon Future Offers) que impedía el pago completo a cualquier acreedor hold-out sin realizar un pago equivalente a todos los demás bonistas. El Gobierno entrante de Mauricio Macri (véase más abajo) hizo de la resolución del actual impasse de la deuda una prioridad: con este fin, en febrero de 2016 se alcanzó un acuerdo de principio por el que el Gobierno pagaría 4.653 millones de dólares de deuda pendiente a los acreedores hold-out. La propuesta fue aprobada por ambas cámaras del Congreso a finales de marzo, después de que el Congreso derogara la legislación que prohibía cualquier pago a los acreedores hold-out, y en abril Argentina realizó su primera emisión de bonos desde 2001.

Revisión de hechos: Brooks

Recursos

Notas y Referencias