Alberto Nisman en Argentina en Argentina
[aioseo_breadcrumbs] Alberto Nisman era el titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA [causa 3446/2012, “Velazco, Carlos Alfredo y otros por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Secretaría N° 8]
Denuncia de Alberto Nisman sobre la Causa AMIA
Extracto parcial de la Denuncia de Alberto Nisman de 13 de enero del 2015, en relación al Caso AMIA:
«En cumplimiento del mandato legal impuesto en el artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación, como representante del Ministerio Público Fiscal a cargo de la Unidad de Investigación de la causa “AMIA” vengo, por la presente, a denunciar la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa, para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina, con competencia en el caso.
Esta confabulación ha sido orquestada y puesta en funcionamiento por altas autoridades del gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros, en lo que constituye un accionar criminal configurativo, a priori, de los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 277 inc. 1 y 3, 241 inc. 2 y 248 del Código Penal). Esto resulta de la mayor gravedad teniendo en cuenta que el hecho cuyo encubrimiento se denuncia, es decir, el atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA, ha sido judicialmente declarado crimen de lesa humanidad y calificado como genocidio por el Sr. Juez de la causa.
La decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní acusados por el atentado terrorista del 18 de julio de 1994, como surge de las evidencias halladas, fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, Dra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner e instrumentada, principalmente, por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Sr. Héctor Marcos Timerman.
Asimismo, las pruebas examinadas revelan la intervención activa en el plan encubridor de varios sujetos con distintos grados de participación y responsabilidad que la pesquisa deberá precisar, entre los que cabe mencionar a: Luis Angel D’Elía, Femando Luis Esteche, Jorge Alejandro “Yussuf’ Khalil, el Diputado Nacional Andrés Larroque, el Dr. Héctor Luis Yrimia y un individuo identificado como “Alian”, que ha desempeñado un rol por demás relevante en los hechos, que responde a la Secretaria de Inteligencia de Presidencia de la Nación y según lo sugieren los indicios obtenidos, se trataría del Sr. Ramón Alian Héctor Bogado.
Por otra parte, la investigación deberá también determinar el rol exacto que le cupo a ciertos individuos respecto de quienes, prima facie, se cuenta con elementos que permiten colegir que no resultan ajenos a la maniobra delictiva denunciada, entre los cabe mencionar al Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Arquitecto Julio De Vido.
Por último, corresponde a la pesquisa aquí propiciada la individualización y la determinación de la responsabilidad penal que en los hechos delictivos denunciados pudieron haber tenido todas aquellas personas -funcionarios o no- que intervinieron en la elaboración, negociación, concreción y consumación del acuerdo firmado con la República Islámica de Irán, como una de las vías para lograr la impunidad. Esto incluye tanto a aquellos cuyos roles fueron de público conocimiento, como a quienes eventualmente hayan participado sin que su intervención haya tomado estado público.
A lo largo de esta denuncia se expondrán los elementos probatorios que dejan en evidencia la existencia de un sofisticado plan delictivo, deliberadamente ideado para encubrir y dotar de impunidad a los acusados iraníes en la causa seguida por el atentado contra la sede de la AMIA, con el objeto de que eludan definitivamente a la justicia argentina y se sustraigan de ella.
Se verá también que, para la época en que se urdió e instrumentó el plan criminal, la urgencia energética que atravesaba y atraviesa nuestro país y el anhelo por restablecer plenas relaciones comerciales a nivel estatal, ligados a una visión geopolítica de acercamiento con la República Islámica de Irán fueron, según las pruebas con que se cuenta, los factores determinantes para que la primera mandataria, Dra. Cristina Elisabet Fernández, con la necesaria e inestimable participación y colaboración de Héctor Timerman, tomara la aciaga decisión de llevar adelante este plan de impunidad, sacrificando la justicia en el caso AMIA.
En efecto, quedará acreditado que esta confabulación criminal fue decidida por Cristina Elisabet Fernández de la Nación y puesta en funcionamiento, principalmente, por su Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Marcos Timerman. Asimismo, se probará la activa participación criminal de terceros en la maniobra, entre los que cabe mencionar a Luis Ángel D’Elía; a Jorge Alejandro “Yussuf’ Khalil, al Diputado Nacional Andrés Larroque, a Fernando Esteche, al ex Fiscal designado para actuar en forma conjunta,
alterna o sucesiva en la causa AMIA, Héctor Luis Yrimia y a un individuo perteneciente a la Secretaría de Inteligencia de Presidencia de la Nación, identificado como “Alian” que, según las constancias halladas, todo indica que se trataría de Ramón Alian Héctor Bogado.
En ese sentido, se presentarán las pruebas que ilustran que el plan que aquí se denuncia incluyó negociaciones secretas y públicas con los iraníes, durante las cuales se acordó dar de baja las notificaciones rojas de Interpol, y que dichas tratativas desembocaron en la firma de un Memorando de Entendimiento que, en su esencia, debe ser considerado como lo que realmente es: apenas uno de los medios elegidos por los aquí acusados para garantizar lo que se había acordado de antemano, esto es, la impunidad de los prófugos iraníes y su desvinculación definitiva de la causa.
Como se verá en detalle durante el desarrollo de la denuncia y se adelantará unos párrafos más abajo, la firma y ratificación de tal documento implica lisa y llanamente la destrucción de las imputaciones contra los acusados de nacionalidad iraní. En primer lugar, porque las conclusiones de la llamada “Comisión de la Verdad”, como así lo revela la evidencia, ya se encontraban previamente arregladas entre los signatarios. En segunda medida, como se verificó en los hechos, debido a que el acuerdo fue la excusa que esgrimieron las partes para solicitar a Interpol que diera de baja las notificaciones rojas. En tercer término, porque su confusa y ambigua redacción y las innumerables fases sucesivas previstas, sin plazo alguno, para que sus disposiciones sean aplicadas, permite que los socios en este acuerdo de impunidad aludan indefinidamente a la existencia del Memorando, aunque en la práctica no produzca efecto legal alguno.
También, se probará que el plan de impunidad pergeñado por Cristina Elisabet Fernández de la Nación incluyó un cambio de hipótesis y un redireccionamiento de la investigación judicial del caso AMIA, hacia “nuevos imputados”, fundado en pruebas falsas y destinado a desvincular definitiva y fraudulentamente a los acusados iraníes. De hecho, algunos de los aquí acusados estuvieron expresamente abocados a fabricar esta hipótesis falsa. Sabían que la “Comisión de la Verdad” no había sido creada para investigar absolutamente nada, sino para legitimar la mentira que se estaba fabricando.
Se acreditará que este plan criminal también involucró acuerdos secretos, por fuera del Memorando de Entendimiento. Así, se concertó -en forma oculta- el cese de las notificaciones rojas de Interpol que pesaban y pesan sobre los funcionarios iraníes, por ser el interés cardinal de Teherán para suscribir el acuerdo. Asimismo, se probará que secretamente se había pactado que, en la práctica, el ex Ministro de Defensa iraní y actual prófugo de la justicia argentina, Ahmad Vahidi, jamás sería interrogado, a pesar de lo estipulado en el Memorando, pues así había sido convenido entre las partes: “ya había sido conversado antes”.
Además, quedará evidenciado que los funcionarios involucrados en este plan criminal, ya sean argentinos o iraníes, han tenido un objetivo común. Que no se trata de dos partes negociando un acuerdo, como se lo quiso presentar públicamente, sino de dos socios buscando borrar -sin que nadie lo advierta- una imputación penal en un delito de lesa humanidad.
Más aún, aquí se demostrará que los pasos y avances del plan criminal fueron comunicados en tiempo real no solo a las autoridades iraníes, sino también a uno de los prófugos de la causa AMIA, Mohsen Rabbani, quien participó de negociaciones comerciales con las autoridades argentinas involucradas en este plan e intervino en las tratativas dirigidas – fundamentalmente- a garantizar su propia impunidad.
También quedará evidenciado que se lanzó una feroz campaña de descrédito hacia la investigación del caso, destinada a horadar la versión judicial de los hechos, y se la combinó con una campaña de engaño, compuesta por falacias, puestas en escena, mentiras, desmentidas, falsas promesas y la manipulación a sobrevivientes y familiares de las víctimas del atentado, a fin de evitar que la opinión pública conozca la entidad del verdadero objetivo encubridor oculto detrás del Memorando de Entendimiento firmado con Irán.
Asimismo, se expondrán los elementos de prueba que acreditan que Cristina Elisabet Fernández y Héctor Marcos Timerman efectuaron aportes en la necesaria división de tareas que implicó esta compleja maniobra delictiva.
De las contribuciones concretas y específicas de Cristina Elisabet Fernández que se han podido acreditar con sólido sustento probatorio, surge con claridad que no solamente fue quien decidió la articulación de este plan criminal de impunidad, sino que, para ello, se valió de distintos actores para llevar adelante su ejecución, y en todo momento estuvo en control de la misma, ya sea impartiendo órdenes directas a sus cómplices, o bien encabezando la campaña discursiva y mediática necesaria para camuflar la perpetración del delito.
Así, ha elegido a algunos de los partícipes de la maniobra delictiva, involucrando directamente a -cuanto menos- uno de sus ministros y a un legislador nacional; ha controlado la evolución del plan en cada paso; ha negociado por interpósitas personas con uno de los prófugos; y se ha involucrado personalmente en algunas acciones de ocultamiento que este sofisticado plan requería.
En la misma línea, se demostrará holgadamente que el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Héctor Timerman, ha sido – sin duda alguna- el principal instrumentador del plan de impunidad ideado y ordenado por la Cristina Elisabet Fernández, Dra. Cristina Fernández.
Naturalmente, tratándose de un plan criminal que ha involucrado a un país extranjero, el Canciller ocupaba y ocupa el puesto clave para encargarse personalmente de muchos aspectos de este encubrimiento. Desde su función, transmitió a Irán la decisión del gobierno argentino de abandonar el reclamo de justicia en la causa AMIA; acordó la baja de las notificaciones rojas; signó acuerdos secretos con la parte iraní; participó de las negociaciones, de la redacción y de la firma del Memorando de Entendimiento, pieza central del plan de impunidad. Y se involucró personalmente en la campaña de descrédito y engaño, destinada a destruir la credibilidad de la causa judicial con el fin de, dolosamente, presentar al acuerdo con Irán como la única vía apta para solucionar el caso.
Ambos funcionarios actuaron con un único y delictivo propósito: lograr la impunidad definitiva de los acusados iraníes y el cese de toda actividad jurisdiccional en su contra, en pos de restablecer plenas relaciones comerciales a nivel estatal y dar un paso hacia un acercamiento geopolítico con la República Islámica de Irán, sin soportar reproche alguno por parte de la sociedad argentina. Ello, según surge de la evidencia reunida y sin descartar en modo alguno la existencia de otros motivos adicionales a los aquí expuestos, pero que en nada modificarían o disminuirían la criminal responsabilidad de los denunciados.
Quizá no resulte ocioso aclarar que nada hay de reprochable en la relación comercial o la vinculación geopolítica entre estados. La objeción surge al comprobarse, nítidamente, que dicho acercamiento implicó por parte de las autoridades del gobierno argentino aquí denunciadas, sacrificar una causa judicial en trámite, desconocer lo decidido por la justicia nacional y urdir un plan criminal para borrar de un plumazo las serias acusaciones que pesan sobre los prófugos iraníes, pretendiendo otorgarles impunidad definitiva. Algo inédito y nunca visto.
No se trata de una afirmación dogmática, se aportan en esta denuncia múltiples elementos probatorios que confirman que el anhelo por el petróleo iraní fue uno de los motores de las acciones delictivas denunciadas. A modo de ejemplo puede citarse una mínima parte de la prueba descripta en este escrito, como cuando Femando Esteche, en diciembre de 2012, expresó refiriéndose al gobierno argentino: “…los tipos quieren restablecer relaciones entre los dos estados… o cuando Luis D’Elía, en mayo de 2013, agregó: “…ahí hablé con Julio [en referencia al Ministro Julio De Vido]…acá hay urgencia energética…ellos están dispuestos a mandar a la gente de YPF a hacer negocios allá [en alusión a Irán ‘[…está muy interesado en cambiar lo de aquellos por granos y carne…” o, por último, cuando el agente iraní en Buenos Aires, Jorge “Yussuf’ Khalil, confirmó “…el tema que necesita Argentina, es petróleo…hay un verdadero interés para empezar y entablar las relaciones comerciales de gobierno a gobierno, con funcionarios del gobierno de acá, una delegación de allá viajaría o a Caracas o al Golfo o a Beirut mejor…para empezar las relaciones directas de funcionarios a funcionarios… ”.
Por si ello no bastara, y aquí lo relevante, otras pruebas vienen a confirmar que el comienzo del intercambio comercial argentino-iraní estaba supeditado a la ratificación de Irán del Memorando de Entendimiento, es decir, al avance del plan de impunidad. Viene al caso destacar lo dicho por Jorge Khalil, uno de los partícipes de dicho plan: “Acá hay luz verde para hacer las operaciones…el tema es que quieren que se apure el memorándum…y se habló con De Vido…Argentina tiene una gran necesidad de petróleo e Irán tiene una gran necesidad de granos… Por otro lado, De Vido entiende que para dar un paso en esto, o sea oficial, de Estado a Estado, tiene que haber firma del Memorándum.
Y para sorpresa e indignación de muchos, quedará evidenciado por la prueba reunida que en estas negociaciones participó nada menos que uno de los prófugos iraníes, Mohsen Rabbani, quien recibía periódicos reportes telefónicos de los avances que ocurrían en el seno de nuestro gobierno. Para citar otro ejemplo de los tantos que constan en esta presentación, se transcribe uno de los informes telefónicos recibidos por Rabbani: “…hoy terminamos una reunión con el Ministro de Planificación De Vido, en donde él está dispuesto a mandar a las máximas autoridades de YPF para arreglar con la República Islámica y la transacción puede ser a través de granos y a través de otras cosas… ”, a lo que Rabbani contestó: “mándeme para que evalúe” y luego de evaluarlo respondió: “…aquí hay algunos sectores del gobierno que me dijeron que están listos para vender petróleo a la Argentina…y también comprar armas… ”.
Es decir, mientras la justicia nacional acusaba y acusa fundadamente a ciertos funcionarios iraníes de haber decidido, planificado y ejecutado el atentado terrorista contra la sede de la AMIA y mientras públicamente Cristina Elisabet Fernández y Héctor Marcos Timerman aseguraban que sus acciones estaban exclusivamente motivadas en la búsqueda de justicia para la causa AMIA y que el Memorando de Entendimiento era única solución viable para el caso, uno de esos imputados, Mohsen Rabbani, secreta y clandestinamente negociaba con nuestras autoridades a través de intermediarios y canales ocultos, un intercambio de petróleo por granos, la venta de armamento, y lo que es más grave aún: su impunidad.
Acaso resulte una obviedad pero no puede dejar de señalarse que las circunstancias denunciadas revisten una gravedad institucional extrema e inusitada, tanto por la jerarquía funcional de varios de los involucrados en la maniobra criminal como por la calificación legal del delito que se encubre, esto es, el “delito anterior” objeto del encubrimiento, que es, ni más ni menos, que el atentado terrorista a la sede de la AMIA, judicialmente declarado crimen de lesa humanidad y calificado de genocidio por el juez de la causa, Dr. Rodolfo Canicoba Corral.
Ahora bien, para contextualizar debidamente los hechos delictivos que se denuncian, resulta útil recordar que la justicia argentina determinó que las máximas autoridades iraníes de 1994 fueron quienes tomaron la decisión de atentar contra la AMIA, diagramaron la implementación de ese ataque y encomendaron su ejecución a la organización terrorista libanesa Hezbollah.
A consecuencia de ello se solicitó la captura nacional e internacional del ex Presidente de la República Islámica de Irán, Ali Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani; del ex Ministro de Relaciones Exteriores, Ali Akbar Velayati; del ex Ministro de Inteligencia, Ali Fallahijan; del ex Jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai; del ex Jefe de la Fuerza Al Quds y ex Ministro de Defensa, Ahmad Vahidi; del Ex Agregado Cultural de la Embajada iraní en Argentina, Mohsen Rabbani; del ex Tercer Secretario de la Embajada de Irán en Argentina, Ahmad Reza Asghari y del ex Embajador de la República de Irán en nuestro país, Hadi Soleimpanpour. Desde el año 2007, sobre cinco de tales imputados: Fallahijan, Rezai, Vahidi, Rabbani y Asghari pesan notificaciones rojas, es decir, la máxima prioridad de búsqueda que registra Interpol.
Con apoyatura en tales imputaciones, la República Argentina ha venido reclamando por años a la República Islámica de Irán -hasta el momento, infructuosamente- la detención con fines de extradición de los acusados iraníes.
En efecto, durante su presidencia, Néstor Kirchner no solo llevó el caso a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, sino que rechazó rotundamente todos los ofrecimientos de Teherán, siempre destinados a acordar una salida políticamente negociada a esta cuestión, netamente judicial. Da cuenta esta presentación de voluminosa prueba documental y de varios testimonios coincidentes -del ex Jefe de Gabinete, Alberto Fernández; de los ex Cancilleres, Rafael Bielsa y Jorge Taiana y del ex Vice Canciller, Roberto García Moritán- que describen los pactos propuestos por Irán y su rechazo de plano por parte del ex presidente argentino.
Esa consistencia que durante años tuvo la postura oficial argentina en torno al caso AMIA, sufrió un cambio radical a partir de la decisión de la actual Presidente de avanzar en un plan encubridor que permita a los imputados iraníes eludir y sustraerse definitivamente al accionar de la justicia a efectos de facilitar, entre otros fines, un intercambio comercial a nivel estatal con la República Islámica de Irán. Dando cuenta de ello, el ex canciller Bielsa resaltó el cambio de posición del gobierno de la Dra. Fernández cuando sostuvo: ule dice a los familiares que los que comercian son las empresas y no el Estado. Me parece un argumento pelotudo, me fastidia mucho porque era un tema sagrado para Néstor….Cuando era canciller, hablar de venderle o comprarle a Irán era casus belli ”.
Así las cosas, por mucho tiempo la relación bilateral estuvo signada por la indiferencia iraní a los reclamos argentinos y, como contrapartida, por la sólida resolución de nuestro país de no avanzar en ningún frente vincular sin antes obtener cooperación por parte de Teherán, es decir, la entrega de los acusados para su juzgamiento por la justicia nacional.
Se comprobará que, en este contexto histórico y con el cuadro de situación descripto, entre octubre de 2010 y enero de 2011, el gobierno argentino presidido por Cristina Fernández experimentó un giro de 180 grados en relación a su consideración del caso AMIA. Efectivamente, aquel enero de 2011, Héctor Timerman viajó a la ciudad siria de Alepo y secretamente se reunió con su par iraní, Ali Akbar Salehi, a quien le hizo saber que las autoridades políticas argentinas estaban dispuestas a renunciar a la investigación del caso AMIA y a cualquier reclamo de cooperación y justicia, con tal de provocar un acercamiento de orden geopolítico y restablecer plenas relaciones comerciales entre ambos estados.
Quedará demostrado también que el Canciller Salehi tomó nota de tal ofrecimiento y se lo comunicó al entonces Presidente Ahmadinejad: “…Argentina ya no está más interesada en resolver aquellos dos atentados…en cambio prefiere mejorar sus relaciones comerciales con Irán ”. Es la primera vez que un estado agredido implora a un estado agresor que firme un acuerdo por el cual les otorgará impunidad a los agresores.
De este modo, comenzó un período de negociación secreto entre los gobiernos de Argentina e Irán que se extendió hasta septiembre de 2012 y durante el cual, ambas partes realizaron gestos que, a la luz de la prueba recolectada posteriormente y analizados en forma conjunta, claramente han sido indicativos del acuerdo que, en esa época, se estaba incubando. Siempre a modo de ejemplo, dado el carácter introductorio de estos párrafos, puede citarse que el gobierno argentino, en julio de 2011, calificó de “muy positiva” una misiva de la cancillería persa por la cual se ofrecía colaborar con la investigación, curiosamente, en una nueva hipótesis, distinta a la esgrimida por la justicia.
Avanzadas dichas negociaciones secretas donde se gestó el encubrimiento y el plan de impunidad de los iraníes, en el mes de septiembre de 2012, Cristina Fernández de Kirchner oficializó las reuniones, siendo que, públicamente ante la Asamblea General de Naciones Unidas, adujo que la República Islámica de Irán había expresado su voluntad de negociar por el caso AMIA. Se entienden ahora los motivos por los cuales la Cristina Elisabet Fernández, en aquella oportunidad y por primera vez, no invitó a las instituciones comunitarias judías a formar parte de su comitiva a la apertura del Debate General de la citada asamblea internacional. El anuncio que haría había sido acordado con anterioridad y con una finalidad distinta a la que se invocó.
Quedará aquí probado, que tal manifestación de Cristina Elisabet Fernández fue solo una puesta en escena, la primera de muchas que ocurrirían durante el camino que recorrió el plan de impunidad ideado y orquestado por los funcionarios argentinos aquí denunciados. Con este gesto, se buscó ocultar que el acercamiento había sido promovido por Argentina, y no por Irán como se dijo; y se quiso hacer creer que las negociaciones se iniciarían entonces, cuando ya llevaban -al menos- un año y medio.
Así, se acreditará que mientras transcurrían las negociaciones diplomáticas públicas, el plan de impunidad avanzaba solapadamente a través de canales paralelos de comunicación y negociación con Irán, gestándose en aquel momento un aspecto fundamental del plan criminal: la desviación de la investigación hacia una nueva y falsa hipótesis que incrimine a terceros inocentes, pero -fundamentalmente- desincrimine a los iraníes, tareas de las participaron activamente Jorge Khalil, Fernando Esteche, Héctor Yrimia y el sujeto conocido como “Alian”.
El resultado visible de las negociaciones, tanto secretas como públicas, fue el Memorando de Entendimiento firmado el 27 de enero de 2013 en Etiopía. La versión oficial argentina indicó que se trataba de un instrumento jurídico que permitiría avanzar con las indagatorias de los prófugos. La realidad fue que solo se trató de uno de los medios elegidos por las partes para viabilizar el plan criminal que negociaron durante dos años, pues su letra resultaba y resulta funcional a esta maniobra espuria.
Que quede bien claro. El acuerdo entre representantes iraníes y las autoridades argentinas excede con creces la mera letra del memorando. El plan criminal consistió en la eliminación de las imputaciones que la justicia argentina esgrimió contra funcionarios iraníes y el mejor modo que se halló para despejar tales acusaciones, brindar impunidad y presentar el
tema de la manera más prolija posible a los ojos de la ciudadanía engañada, fue la suscripción del mencionado acuerdo bilateral.
Ello fue así porque su letra prevé mecanismos para lograr la baja de las notificaciones rojas de Interpol, porque su aplicación contiene tantas etapas sucesivas sin plazo alguno que permite prolongar indefinidamente su vigencia en el tiempo sin lograr avances reales, porque las conclusiones de la “Comisión de la Verdad” ya estaban arregladas de antemano y su actuación permite la introducción de la nueva hipótesis falsa, armada con pruebas inventadas.
En efecto, como se verá, en la práctica, las únicas trabas a la impunidad de hecho de la que gozan los acusados iraníes han sido las notificaciones rojas de Interpol, que tienen la capacidad de dificultar su movilidad trasnacional. Por ello, las partes acordaron hacerlas cesar. De allí que el punto 7 del Memorando tenga su razón de ser. Trátase del único punto que debía tener aplicación inmediata, del único que tiene carácter operativo sin necesidad de que el acuerdo haya sido ratificado. Redactado en esos términos, carece de toda explicación lógica. Se advierte, entonces, que la baja de las notificaciones rojas fue el primer y trascendental paso acordado secretamente entre Salehi y Timerman hacia la desvinculación definitiva de los imputados.
Nótese que, al mes de haberse firmado el Memorando de Entendimiento, el agente de inteligencia de Presidencia de la Nación “Alian” le comunicó al operador iraní Khalil, “Tengo un chisme…me dijeron ahí en ‘la casa’ [en referencia a la Secretaría de Inteligencia]…Interpol va a levantar el pedido de capturas de los amigos [en alusión a los prófugos iraníes]…lo va a levantar ahora”.
En forma sorpresiva e inesperada para los encubridores, Interpol advirtió que se lo quiso involucrar donde nada tenía que hacer e intercedió a tiempo para evitar la baja de las prioridades de búsqueda. Se verá cómo esa intervención se erigió en un obstáculo inesperado para los autores del encubrimiento. Timerman no pudo cumplir lo que había prometido en sus negociaciones secretas con Irán, circunstancia que motivó la queja de los iraníes. Repárese, además, que desde que Interpol comunicó que las notificaciones rojas contra los acusados por el caso AMIA seguirían vigentes, la República Islámica de Irán retiró el acuerdo de su agenda parlamentaria y hasta el momento en que se formula esta presentación, no ha comunicado oficialmente su aprobación interna.
El motivo de semejante vuelta atrás surge nítido de las pruebas que se presentarán. El agente persa Khalil, al día siguiente de regresar de Irán, comunicó a las autoridades argentinas la razón de la tardanza, ante el reclamo local por la demora de Teherán en la aprobación interna de Memorando de Entendimiento: “…De Vido tiene que saber que Timerman no cumplió con algunas cosas. Esto es así de claro. No cumplió con algunas cosas…” y en otra oportunidad, expresó: “…meparece que el ruso este de mierda [en alusión a Héctor Timerman] se mandó alguna…estaba firmado algo, donde estaba el tema de las cautelares [en referencia a las notificaciones rojas]… ”.
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Más allá de los ejemplos relatados, lo que se pretende dejar aquí en blanco sobre negro son dos conclusiones reveladoras que se desprenden de estos dichos, como de otras probanzas que también se analizarán. La primera radica en la certidumbre sobre la existencia de una promesa por parte del canciller Timerman para dar de baja las notificaciones rojas. Timerman no cumplió, no porque no haya querido, sino porque Interpol se lo impidió. Incluso, podrá apreciarse en esta denuncia que el Canciller volvió a la carga en los meses de septiembre y noviembre de 2013, con claras intenciones de convencer a Ronald Noble para que ceda y autorice el cese de las notificaciones rojas, bajo el argumento que el acuerdo entre las partes siguió avanzando, pero -por fortuna- tampoco entonces pudo lograr su cometido.
La segunda conclusión que se desprende de aquella conversación transmite la certeza de que, además del Memorando de Entendimiento firmado, han existido entre las partes otros acuerdos secretos. Corrobora tal afirmación, entre otras evidencias, el testimonio del propio Salehi, quien reconoció sin ambages: “Interpol debe eliminar las acusaciones contra las autoridades iraníes….El [contenido] del acuerdo entre Irán y Argentina en relación con la cuestión AMIA será hecho público en el momento adecuado y la cuestión [de los imputados iraníes] está incluida y nosotros la estamos siguiendo…”. Habiendo sido realizada esta declaración en el mes de marzo de 2013, resulta evidente que Salehi no se estaba refiriendo al Memorando de Entendimiento sino a otro convenio que a esa fecha aún no se había dado a conocer.
Y en este marco deben entenderse también las manifestaciones de Jorge “Yussuf’ Khalil, cuando comentando noticias periodísticas que difundían que el ex Ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi, nunca sería interrogado pese a estar incluido en el Memorando, aseguró que el rumor era cierto, que ese tema en particular “estaba conversado antes….estaba dentro del marco ” y que el acuerdo era “más profundo todavía”.
Es decir, quedará probado que el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Héctor Timerman no solo firmó un Memorando de Entendimiento abiertamente inconstitucional, que además garantiza la impunidad de los acusados iraníes, sino que también cerró acuerdos secretos mucho más beneficiosos para los prófugos. De allí que se compruebe que no se trató, como se presentó públicamente, de dos partes que negociaron un acuerdo bilateral, sino que fueron dos socios que confeccionaron un sofisticado plan criminal de impunidad para desligar definitivamente a los prófugos de la causa AMIA de toda relación con el atentado y cerrar toda investigación respecto de ellos. De hecho, luego de suscribirse el acuerdo, el agente argentino “Alian” le confesó a su par de Irán: “…Tranquilo, ya ganamos, es decir, ganamos una partida, yo te dije, vos no me tenías fe…”, dejando en evidencia que ambas partes han tenido el mismo objetivo criminal.
Ahora bien, surge de la evidencia detallada en la denuncia, que la oportuna intervención de Interpol manteniendo vigentes las notificaciones rojas no frustró ni imposibilitó a futuro el encubrimiento orquestado. Los autores habían tenido la precaución de idear mecanismos alternativos para conseguir sus fines, contenidos en la letra del Memorando de Entendimiento.
Se advertirá sobre los numerosísimos mecanismos previstos en el intrincado acuerdo bilateral.
Naturalmente ello no ha sido fruto de la incompetencia de los redactores sino, todo lo contrario, de su sagacidad para dotar al Memorando de un enmarañado proceso de aplicación que exige, para que un imputado iraní se siente a escuchar los cargos de la justicia argentina, la verificación de una larguísima serie de procedimientos, alguno de ellos de imposible cumplimiento, atento a la incompatibilidad con sus respectivas legislaciones: 1) que ambos países ratifiquen
internamente los términos del acuerdo; 2) que se remitan mutuamente las notas reversales notificando dicha ratificación; 3) que cada uno de los signatarios proceda a la elección de personas de reconocida trayectoria jurídica y probidad personal para que integren la “Comisión de la Verdad”; 4) que los elegidos acepten la designación; 5) que entre ambas partes y de común acuerdo, seleccionen un quinto miembro de la comisión; 6) que los miembros de la Comisión redacten las reglas del procedimiento al que se sujetarán; 7) que se pida información de la causa; 8) que se envíe la información requerida y se la traduzca; 9) que cada uno de los miembros de la comisión analice las pruebas remitidas; 10) que se reúnan para emitir recomendaciones; 11) que se notifiquen dichas recomendaciones a los signatarios; 12) que se establezca una fecha para cumplir con audiencias; 13) que se cite a los imputados; 14) que éstos efectivamente comparezcan a un interrogatorio, que no reúne -como se verá- las condiciones mínimas para ser considerado una declaración indagatoria válida para el derecho argentino. Ninguno de estos pasos tiene plazo determinado para ser cumplido. Tan es así, que ha pasado más de un año y medio desde la firma del Memorando y todavía no se concluyó siquiera el primer escalón. Irán aún no ha comunicado la ratificación del acuerdo. Puede verse con claridad que los términos de este pacto, reflejo de una actividad criminal subyacente, están redactados de modo tal que muy sencillamente se puede demorar en forma indefinda su cumplimiento.
Otra llave que conduce a la impunidad definitiva es la efectiva actuación de la “Comisión de la Verdad” cuya finalidad consiste en – llegado el momento- recibir y valorar nuevas pruebas y presentar una nueva hipótesis sin iraníes como acusados, legitimando el redireccionamiento de la pesquisa. La comisión evaluará una nueva verdad falsa, una verdad armada artificialmente por los inescrupulosos artífices de este siniestro plan. Nuevamente, prueba directa sostiene lo afirmado. El agente iraní Jorge Khalil, el mismo día de la firma del Memorando, expresó: “…alguien va a salir con la cara manchada de acá…” y ciertamente estaba seguro que no sería el país al que sirve porque “…Obvio, eso ya está arreglado… ¿Cómo va a ser para el lado nuestro, boludo? Si nosotros estamos sentados en la mesa… ”.
En ese sentido se demostrará, con pruebas categóricas, que una vez firmado el Memorando de Entendimiento comenzó una relación de apoyo y protección del gobierno argentino a los referentes iraníes apostados en Buenos Aires que, conscientes de ello, afirmaron “el gobierno ahora está a favor» “…el gobierno banca…” y el propio Khalil reconoció: “…Nosotros estamos ante un acuerdo con el gobierno nacional…atrás de una negociación con el gobierno nacional…”.
En otro pasaje de la denuncia quedará demostrado que autores y cómplices, como parte integral del plan criminal, ya habían planificado y avanzado en la fabricación de una hipótesis acusatoria falsa, con pruebas inventadas para redireccionar la pesquisa hacia terceros inocentes y así desligar definitivamente a los nacionales iraníes. En referencia a dicha desincriminación fraudulenta, en una fecha tan temprana como diciembre de 2012, Esteche aseveró: “quieren construir un nuevo enemigo de la AMIA, el nuevo responsable de la AMIA, es una necesidad que tienen que construirla… Y de la conversación se desprende que esa tarea quedó a cargo de funcionarios de la Secretaría de Inteligencia, especialmente designados para ello.
Es decir, en una época en que ni la justicia ni los familiares sabían qué estaba ocurriendo con la negociación entre Argentina e Irán, los partícipes del encubrimiento conocían perfectamente que se venía un cambio de hipótesis y el redireccionamiento de la investigación hacia nuevos imputados. Esto era así, pues ellos mismos eran justamente los encargados de armar la falsa acusación.
Así se explican las palabras de “Alian” cuando afirmó “…estamos en otro país, es otra situación mundial y hay que trabajar en otro contexto…»’’ y “…va a venir otra hipótesis con otras pruebas…” que iban a descolocar al suscripto como Fiscal de la causa “porque nunca las vio, él, las pruebas…lo que viene ahora”.
Sin importar las evidencias, los hechos o su verdadera responsabilidad en el atentado, los ciudadanos iraníes iban a ser desvinculados de la causa, se le iba a “lavar la cara” a Irán y ello estaba cerrado “muy arriba”, es decir tenía el sello presidencial. Todo había sido acordado, se iba a utilizar el caso AMIA como una pieza para saciar intereses geopolíticos en el nuevo tablero internacional.
Casi con ironía, al suscribir el acuerdo, el canciller emitió un comunicado que rezaba: “…El gobierno nacional ratifica que el único compromiso es con las víctimas y el derecho de sus familiares a hallar en la verdad y en la justicia la reparación debida. Argentina reafirma que en dicho objetivo no hay lugar para intereses geopolíticos, ni propios, ni ajenos… ”. Las pruebas aquí obtenidas revelan que esto no era cierto y que intereses comerciales y geopolíticos motorizaron un plan secreto de impunidad, que nada tiene que ver con la búsqueda de justicia.
Por otra parte, resulta oportuno destacar también la tranquilidad con que actuaron todos los partícipes del plan de impunidad, en particular el individuo conocido como “Alian”, que se ha venido desenvolviendo libremente sin considerar necesario actuar de modo encubierto, ni siquiera ante la extrema sensibilidad del asunto que llevaba adelante. Ello se ha debido simplemente a la circunstancia de que ha actuado por órdenes superiores, por directivas expresas de la Presidente de la Nación, razón por la cual no ha tenido que preocuparse por camuflar sus actividades. “Alian”, en primera persona, confesó esa máxima garantía. La redirección de la investigación y el desprestigio de las autoridades judiciales a cargo de la investigación tenían el sello presidencial “tranquilo, está cerrado muy arriba.
Además, conforme podrá apreciarse con mayor claridad en el desarrollo de las páginas correspondientes, se verá que tanto Cristina Elisabet Fernández como su Canciller contribuyeron en forma personal al perfeccionamiento del plan criminal. Ambos se involucraron en una campaña política y mediática pretendiendo instalar, entre otras falsas cuestiones, la idea de que la causa por el atentado a la AMIA estaba paralizada prácticamente desde que se inició.
Quedará expuesto con sumo detalle el modo en que la Dra. Fernández y el Sr. Timerman han manipulado a sobrevivientes, a familiares de las víctimas del atentado y a instituciones judías comunitarias, desplegando una completa artillería de mentiras, falacias y engaños que tienen su ejemplo emblemático en la promesa presidencial, flagrantemente incumplida, que aseguró una consulta con familiares y víctimas, previo a la aceptación de cualquier propuesta por parte de Irán. Recuérdese que, en septiembre de 2012, la primera mandataria expresó: “…tengan la certeza de que esta Presidenta no va a tomar ninguna resolución respecto de ninguna propuesta que le sea formulada, sin consultar PREVIAMENTE con quienes han sido las víctimas directas de esto. Y, al mismo tiempo también, con las fuerzas políticas con representación parlamentaria en mi país, porque esto no puede decidir una sola fuerza política.
La realidad fue cruda. Se engañó a los familiares y a las víctimas del atentado ya que, contrario a lo prometido, jamás se los consultó. Es más, debieron enterarse de la firma del Memorando de Entendimiento con la República Islámica de Irán por los medios de comunicación. Tampoco fueron escuchados cuando expresaron mayoritariamente su rechazo a la ratificación del acuerdo por parte del Congreso Nacional. Quedó claro, entonces, que dijeran lo que dijeran los familiares la decisión estaba tomada. El Memorando había sido firmado para garantizar un objetivo oculto: dotar de impunidad a los acusados iraníes y permitir al gobierno argentino justificar ante sus ciudadanos y la comunidad internacional el restablecimiento de las relaciones comerciales y el alineamiento con Teherán. Por ello, el acuerdo debía ser aprobado a cualquier costo, porque despejaba el único escollo que existía para asociarse con Irán. Era estrictamente necesario para la consecución del plan criminal pergeñado.
Vaya ironía. Una Presidente que públicamente se ha regodeado manifestando a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas su compromiso en la búsqueda de verdad y justicia, que ha declarado que su gobierno no permitirá que se use el caso AMIA en el ajedrez de la geopolítica mundial, que ha tomado cartas en el asunto porque la causa estaba paralizada; fue, en realidad, la principal artífice, junto con el Canciller Timerman, de la fraudulenta desarticulación de la investigación y del encubrimiento de estos acusados. En el discurso se habló de justicia y verdad. En los hechos se acordó impunidad. Pasmoso. Da pavor, entonces, constatar que todo se ha tratado de actuación y manipulación de hechos y personas y, más aún, de acciones delictivas.
También se acreditará que la reunión del 28 de septiembre de 2012 entre los cancilleres de ambos países, fue una puesta en escena previamente pautada y, en realidad, gestada a pedido de Cristina Fernández para engañar a la opinión pública argentina.
Mientras días atrás, la Presidente había exhortado con firmeza, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, al flamante presidente iraní Hassan Rohani para que avance con la implementación del pacto; por lo bajo y a través de los canales paralelos de negociación que se desarrollaron para llevar adelante este plan criminal, la Dra. Cristina Fernández entabló comunicaciones con altos mandos iraníes y con el mismo Mohsen Rabbani. El mensajero argentino Luis D’Elía especificó el pedido: “…tengo un mensaje urgente del gobierno argentino, para pasar allá urgente [en referencia a Irán], antes de mañana…Estoy en la casa de gobierno ahora…no hay asunto más importante que este, créemelo….necesito que hables con el Sheik de allá [en referencia a Rabbani] mira que es muy groso lo que tengo eh!..”. Cristina Elisabet Fernández buscaba obtener ciertos pronunciamientos públicos por parte de Teherán, aunque fueran falsos porque serían funcionales al plan de impunidad, siempre con el objeto de avanzar en su objetivo último: el acercamiento comercial y geopolítico con Irán.
El receptor del mensaje de D’Elía y transmisor a Irán, Jorge Khalil, reveló la información al expresar: “…Necesitan que el gobierno iraní junto con el gobierno argentino mañana anuncie la conformación de la Comisión de la Verdad…”. Así se adelanta lo que quedará demostrado en este punto: el interés imperioso de los encubridores en realizar nuevos aportes al plan, la existencia de canales de comunicación y negociación paralelos a los oficiales y ocultos a la opinión pública, la evidencia flagrante de que los detalles sobre el plan criminal se arreglaron en secreto por tales canales y que las manifestaciones públicas de la Presidente y el Canciller han sido solo maquillaje mediático para engañar a la ciudadanía respecto a la real situación del caso AMIA.
Finalmente, quedará demostrado que este sofisticado plan, como se expuso al inicio, fue ejecutado por un conjunto de cómplices. En primer lugar, corresponde mencionar a Luis D’Elía, desde siempre un acérrimo defensor tanto del régimen iraní como del gobierno nacional, al punto de calificarse a sí mismo como “un soldado” incondicional de la Presidente: “…Yo tengo que hacer el juego de la Rosada…Si tengo orden de no ir, soy un soldado acá…”.
Funcionó como el interlocutor oculto de las autoridades gubernamentales argentinas y operó como transmisor y receptor de los mensajes clandestinos a la contraparte iraní, destinado a remover los obstáculos que iba presentando el avance del encubrimiento. Su voz ha sido la del gobierno nacional. Sus antecedentes lo avalaban para ocupar esa función. Consustanciado ideológicamente con ambas partes del pacto delictivo, estuvo varias veces en Irán invitado por el régimen y en una ocasión, le ofrecieron un acuerdo similar al que luego firmó Timerman, que ya incluía el cese de las notificaciones rojas. En todas sus visitas a Irán, se entrevistó con las máximas autoridades, se fotografió -entre otros- con el prófugo Mohsen Rabbani, con quien está relacionado hace años.
Jorge Alejandro “Yussuf’ Khalil es el referente más importante de las autoridades del régimen iraní en Argentina, incluso por encima del ex Encargado de Negocios de Irán en nuestro país, sobre quien -como luego se verá- tenía más poder. Militante a tiempo completo de los intereses persas, es la “voz y oídos de Irán” en Argentina. En ese carácter, ha funcionado como el nexo central en la vinculación entre funcionarios iraníes y argentinos en el marco de los hechos denunciados, operando -de ese modo- como el referente de la diplomacia paralela que comunica Buenos Aires con Teherán, que fue aprovechada para la consecución del plan de impunidad. Participó tanto del armado de la pista falsa, como de las tratativas con el gobierno argentino relativas a los intercambios comerciales que se pretendían establecer con Irán a nivel estatal. Y mantuvo constantemente informado de cada avance del plan al prófugo Mohsen Rabbani.
Femando Esteche, es el líder de la agrupación Quebracho, muy cercano a algunos funcionarios del gobierno nacional y que desde antaño ha mantenido una postura favorable a los intereses iraníes, tanto que ha sido sostenido económicamente por dicho régimen. Su intervención ha sido determinante pues se trata de uno de los sujetos que viabilizó el avance del plan de encubrimiento, acercando al agente iraní Khalil a los funcionarios de inteligencia argentinos, y en especial, al ex Fiscal designado para actuar en la causa AMIA, Héctor Yrimia, además de haber aportado ideas concretas para la construcción de la nueva hipótesis falsa.
El Diputado Nacional Andrés Larroque también ha sido un actor clave en la articulación del plan criminal pues, dada su cercanía tanto con la Presidente de la Nación como con los partícipes del encubrimiento ha operado como nexo e intermediario de la información transmitida entre autores y cómplices del encubrimiento. Se probarán distintos episodios en los que Larroque bajó directivas presidenciales, tanto a Khalil como a D’Elía, sobre cómo debían actuar. Como por ejemplo, la ocasión en que, en noviembre de 2012, Khalil reconoció: “…vengo de La Matanza recién he tenido una reunión con Luis D’Elía y el “Cuervo” Larroque, el de la Cámpora…que me llamaron temprano que querían hablar conmigo, que tenían un mensaje para el gobierno para dar… Y ahora me voy para Martínez a dar el mensaje, a la casa del Embajador…”. Su intervención ha resultado indispensable en la ingeniería criminal para evitar el contacto directo entre autores y ejecutores del plan de impunidad.
El Dr. Héctor Yrimia, entonces Fiscal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal, fue designado el día del atentado junto a otros fiscales para actuar en forma conjunta, alterna o sucesiva en el caso AMIA. De allí que haya conocido en detalle los hechos materia de investigación. En consecuencia, estuvo en contacto con pruebas, testimonios, peritajes e informes de la causa y -justamente- este minucioso grado de cognición lo ha tornado fundamental para el buen desarrollo del plan. Su aporte fue realizado donde resultó más útil: en el armado de una hipótesis falsa donde, valiéndose de la información obtenida en ejercicio de la función pública, ha cooperado con dicha fase del plan.
Una mención aparte merece el sujeto conocido como “Alian”, que responde a la Secretaría de Inteligencia de Presidencia de la Nación. Se trata de una persona con acceso al entorno presidencial, que cuenta con información privilegiada -incluso sobre la salud de la Cristina Elisabet Fernández- y que ha declarado su simpatía con el régimen iraní, que ha actuado -en reiteradas ocasiones- a favor de intereses extranjeros en detrimento de los nacionales. Que ha transmitido informaciones secretas y protegidas por la ley de inteligencia a agentes de una potencia extranjera y en quien Cristina Elisabet Fernández ha confiado para llevar adelante parte del plan de impunidad por su dedicación, obediencia, pero -sobre todo- por su falta de escrúpulos a la hora de manipular pruebas y personas para la consecución del designio ilegal que le fuera encomendado por su jefa.
Efectivamente, quedará ampliamente explicado y comprobado, que los partícipes del encubrimiento, en especial el nombrado “Alian”, junto al ex Fiscal designado para actuar en la causa AMIA y ex Juez de Instrucción, Dr. Héctor Yrimia, han trabajado y negociado la impunidad de los prófugos de la causa AMIA, transmitiendo para ello información sensible y clasificada a la contraparte iraní, contribuyendo al armado de una pista falsa, con pruebas inventadas, conspirando contra la investigación judicial e incluso utilizando los resortes del Estado Nacional para allanar cualquier obstáculo que surgiera durante la ejecución del plan de encubrimiento.
En fin, los hechos que aquí se relataron, en brevísima síntesis, constituyen la concreción de un sofisticado plan de encubrimiento para dotar de impunidad a los acusados iraníes por la causa AMIA, que fue decidido por Cristina Elisabet Fernández Cristina Fernández, e instrumentado – principalmente- por su canciller Héctor Timerman, con la colaboración de personajes que, por sus cualidades y conocimientos, resultaron ideales para llevar a cabo la maniobra criminal.
La paradójica y por cierto irritante circunstancia de este entramado delictivo fue que los autores del plan, para lograr sus objetivos criminales, al mismo tiempo que clamaban públicamente que solo buscaban verdad y justicia, no trepidaron en buscar destruir la imputación de la justicia argentina a expensas de 85 muertes.
La decisión de encubrir
Naturalmente, la decisión de la Presidente Fernández de restablecer relaciones con la República Islámica de Irán no es cuestionable judicialmente. Aquí no se denuncia ni es materia de crítica el cambio en el enfoque político de una cuestión por parte del gobierno o sus funcionarios, ni tampoco el giro en el modo de relacionarse intemacionalmente ante un conflicto y/o con otros estados. Ni siquiera se denuncia ni mucho menos se cuestiona el mero hecho de entablar negociaciones con la República Islámica de Irán en particular, ya sean comerciales o aún respecto a la causa AMIA. Está claro que todas estas cuestiones y acciones corresponden al ámbito exclusivo y excluyente del Poder Ejecutivo que, por ejercer la jefatura suprema de la Nación, la jefatura de gobierno y la administración general del país, cuenta con la potestad constitucional de concluir y firmar tratados y celebrar negociaciones para el mantenimiento de las buenas relaciones con naciones extranjeras (art. 99 inc. 1 y 11 de la Constitución Nacional). Nada de esto está en discusión.
La decisión de poner en marcha una negociación con las autoridades iraníes o el mismo hecho de arribar a un acuerdo con ese gobierno, constituyen -en principio- la concreción de una estrategia y de una acción de política exterior de carácter discrecional y de exclusivo resorte del órgano ejecutivo, cuyo ejercicio escapa al control judicial.
Ahora, si bien es cierto que la materia, oportunidad y conveniencia de lo actuado resulta ajena al conocimiento de los jueces, el Poder Judicial se encuentra obligado a intervenir cuando la ejecución de ciertos actos, aún dentro de las competencias asignadas constitucionalmente, conlleve la comisión de delitos. En otras palabras, si la negociación solamente hubiera excedido los límites constitucionales en razón a la competencia de los poderes del estado, alcanzaría con la sanción de inconstitucionalidad. Pero aquí hay algo más serio. Se trata de una acción que no solamente es inconstitucional, sino delictiva, toda vez que los actos realizados, destinados a encubrir a los imputados por este atentado, configuran conductas reprimidas por el derecho penal argentino.
En consecuencia, detrás de un objetivo que puede considerarse legítimo, como el restablecimiento de relaciones plenas y comerciales con Irán, y más allá de que hayan sido las autoridades competentes las que intervinieron en el acercamiento, resulta penalmente cuestionable suprimir mediante maniobras delictivas el objetivo de alcanzar la justicia en el atentado más sangriento perpetrado en territorio argentino.
El momento en que Cristina Elisabet Fernández tomó la determinación delictiva de ayudar a los imputados iraníes a eludir la actuación de la justicia debe situarse entre fines del mes de octubre de 2010 y el mes de enero de 2011. Varias razones convergen en ubicar temporalmente la decisión entre esas fechas.
Existen dos hechos, datados en agosto y septiembre de 2010, que indican que hasta esas fechas, no se habían registrado cambios en el rumbo de la política argentina en tomo al caso AMIA, esto es, la decisión de encubrir aún no había sido tomada.
El primero de estos hechos tuvo lugar el día 11 de agosto de 2010, cuando el Ministro de Relaciones Exteriores Timerman mantuvo una reunión con la Secretaria de Estado de Estados Unidos. En esa ocasión, la Sra. Hillary Clinton destacó la cooperación mutua entre ambos países en la lucha contra el terrorismo y señaló que su nación apoyaba el reclamo de justicia argentino por los deplorables y trágicos atentados terroristas sufridos (Declaraciones de la Secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton con el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina Héctor Timerman, 11/08/2010, Departamento de Estado, Estados Unidos).
Luego de la conferencia de prensa brindada junto a la Secretaria Clinton y consultado sobre la relación con Irán, Timerman declaró: “tenemos una situación muy compleja. Hemos obtenido pruebas sobre la participación de ciertos funcionarios iraníes en el ataque contra la embajada judía en Buenos Aires. Interpol aceptó estas pruebas y hemos pedido su captura….La Argentina no busca ninguna operación de ningún tipo que no sea la justicia. Queremos una solución de este problema gravísimo»’ (“Timerman aseguró que el diálogo EEUU-UNASUR es posible y deseable”, Prensa Argentina, 11/08/2010; Barón, Ana. “Timerman, con Hillary: apoyo por Irán y diferencias por Honduras”, Clarín, 12/08/10).
Al respecto, se reportó también que la Secretaria de Estado Norteamericana “reiteró el apoyo de su país a la Argentina en su reclamo a Irán de que entregue a los sospechosos de un atentado contra la mutual judía AMIA” y que puntualmente respaldó “…el pedido de captura de los seis iraníes (incluyendo al actual ministro de defensa iraní Ahmad Vahidi) y un libanés…” (“Hillary apoyó el pedido argentino a Irán por atentado a la AMIA”, Clarín, 11/08/2010; Barón, Ana. “Timerman, con Hilary: apoyo por Irán y diferencias por Honduras”, Clarín, 12/08/10).
Sobre ese mismo tema, tiempo antes de que se inicien los contactos directos y secretos con los iraníes, Timerman declaró: “…pude conectar que un atentado que se frustró en Estados Unidos al aeropuerto JFK involucraba a Mohsen Rabbani, el que era agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires. No lo sabía ni Hillary Clinton ni la gente que investiga acá. Ahora hay una conexión entre un atentado que se frustró en Estados Unidos y el de la AMIA…»» (Cibeira, Fernando. “Hay que relacionarse sin intermediarios” Reportaje a Héctor Timerman, Ministro de Relaciones Exteriores, Página 12, 9/01/2011).
Es decir, hasta aquel momento, Héctor Timerman lucía comprometido, desde su posición política de canciller, con la acusación judicial contra los imputados iraníes y con la tarea de sumar apoyo internacional al reclamo argentino de justicia.
El segundo hecho destacable corresponde a lo ocurrido el 24 de septiembre de 2010, cuando Cristina Elisabet Fernández se dirigió -tal como anualmente lo viene haciendo- a la Asamblea General de Naciones Unidas y, en relación al tema AMIA, ofreció a la República Islámica de Irán la posibilidad de elegir, de común acuerdo, un tercer país donde llevar a cabo el enjuiciamiento de los ciudadanos iraníes acusados por el atentado, con la participación de observadores internacionales (Discurso de Cristina Fernández en la 65° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 24 de septiembre de 2010).
La respuesta de Irán a la propuesta argentina llegó cuatro días después. En una misiva dirigida al Presidente de la Asamblea General, el Representante Permanente de la República Islámica de Irán ante Naciones Unidas, Embajador Mohammad Khazaee, reiteró -una vez más- la histórica postura de Irán en torno a este caso (Carta de fecha 28 de septiembre de 2010 dirigida al Presidente de la Asamblea General por el Representante Permanente de la República Islámica de Irán ante Naciones Unidas, Mohammad Khazaee, A/65/495, distribuida el 6/10/10).
Es decir, mientras las autoridades políticas argentinas aún intentaban avanzar en su reclamo de justicia, quizás con un ofrecimiento menos ambicioso, la diplomacia iraní literalmente invertía el eje de la cuestión, en línea con su histórica retórica, acusando a la Argentina de no querer cooperar y de apoyar al terrorismo.
Hasta ese momento, no se observaron hechos ni indicios de peso que permitan sospechar que, solapadamente, ya se había decidido y avanzado en el plan de impunidad.
El 27 de octubre de 2010 falleció el ex Presidente Néstor Kirchner. El dato no es anecdótico. Se ha consignado para hacer notar que en un momento casi contemporáneo a este hecho, la causa AMIA dejó de ser una “política de estado” para convertirse en un fusible de ajuste. Una pieza descartable. Y lo grave del caso es que para ello altos funcionarios del gobierno argentino, entre otros partícipes, recurrieron a conductas delictivas.
La predisposición a abandonar el reclamo de justicia por el caso AMIA
Tanto secreto reflejaba la necesidad de esconder algo. Se pretendía ocultar la predisposición de la Dra. Fernández a sacrificar el caso AMIA con tal de acercarse geopolíticamente a Irán y avanzar en relaciones comerciales de Estado a Estado con Teherán, tal como lo comunicó el Canciller Timerman a su par iraní. Así surge del documento al que, bajo juramento, declaró hacer accedido el Sr. Eliaschev, y mediante el cual Salehi informó de lo ocurrido en esa cumbre secreta al Presidente Ahmadinejad.
En efecto, el testigo Eliaschev declaró que el citado instrumento secreto, redactado por el Ministro Salehi con posterioridad a la reunión de Alepo, ha circulado por las cancillerías de varios países. En este reporte, se informaba que “La Argentina ya no está más interesada en resolver aquellos dos atentados, pero que en cambio prefiere mejorar sus relaciones económicas con Irán”. En otras palabras, el gobierno argentino había renunciado a llevar ante la justicia a los funcionarios iraníes imputados y presentaba una expectativa por multiplicar los intercambios comerciales entre ambos países (fs. 131.189/131.194 y ver: Pepe Eliaschev, “Argentina negocia con Irán dejar de lado la investigación de los atentados”, Diario Perfil, 26/03/2011, fs. 130.911/130.913 y Pepe Eliaschev, “Polémica en torno a la negociación secreta entre Argentina e Irán”, Diario Perfil, 2/4/2011).
A1 declarar ante el suscripto, el testigo aclaró que “la revelación de las reuniones” llegaron a sus manos en idioma inglés, no en farsi, y por constataciones propias, revestían total verosimilitud. Asimismo, precisó que dicho informe contenía las recomendaciones del canciller al presidente de Irán (fs. 131.189/131.194).
También explicó que el citado informe “no se trata de un cable como se lo llama en la jerga periodística”, sino que consiste en “un informe de la cancillería iraní al presidente Ahmadinejad, un típico ‘paper’ intergubernamental, donde el responsable de las relaciones exteriores del régimen de ese país le sugiere al presidente que en virtud de los elementos de juicio que maneja la cancillería iraní corresponde avanzar en un acuerdo importante con la Argentina por que… están dadas las condiciones para que los argentinos decidan dar vuelta de página…” (fs. 131.189/131.194).
Está claro que ningún canciller cometería la imprudencia de formular a su presidente tamaña aseveración de no encontrarse completamente seguro de la información transmitida, lo que constituye una evidencia más que el canciller Timerman efectivamente comunicó a Teherán la predisposición a abandonar la investigación judicial del caso AMIA. De allí, la conclusión iraní -volcada en el documento- sobre la exitosa estrategia de negar las acusaciones en su contra que, a la luz de lo ocurrido en Alepo, rendía sus frutos.
En este instrumento, la Cancillería persa concluyó que si las acusaciones judiciales eran dejadas de lado, ambos países podían encarar una nueva etapa vincular y destacaba lo propicio de esta oportunidad, dado el paso del tiempo, la poca relevancia de los casos en la opinión pública actual y, fundamentalmente, la conveniencia del rotundo cambio de postura del gobierno argentino. No obstante ello, los funcionarios iraníes sabían que debían operar asumiendo que el gobierno argentino jamás podría admitir públicamente el retroceso que significaba este acercamiento y, menos aún, la predisposición a dejar de lado el histórico reclamo.
Ahora bien, todos los hechos y verificaciones posteriores no hacen más que darle la razón a lo expresado por el Sr. Eliaschev. Las circunstancias constatadas desde entonces ratifican lo expresado por el testigo en relación con el documento al que tuvo acceso. Tan es esto así que, justamente, la firma del Memorando de Entendimiento entre ambos países es la expresión final de lo que anticipaba el “paper” de Salehi. Las más altas autoridades del gobierno argentino estaban dispuestas a dejar de lado su propio reclamo de justicia en beneficio de extranjeros prófugos.
El acuerdo conduce a la impunidad de los acusados iraníes. Por un lado, se previó expresamente la incorporación en su letra de mecanismos sumamente intrincados que pudieran tornar inaplicable el convenio, como un modo de garantizar la impunidad. Por otro y ante su eventual implementación, se previó la actuación de la “Comisión de la Verdad”, cuyas conclusiones ya estaban acordadas de antemano y, como surge de la prueba, sería la vía para introducir una nueva hipótesis sobre el atentado, falsa pero verosímil, destinada a desincriminar definitivamente a los imputados iraníes.
En suma, las pruebas revelan que existió una iniciativa secreta de ciertas autoridades políticas argentinas destinada a negociar un pacto con Irán para “olvidar” los atentados y reactivar el intercambio comercial a nivel estatal. También ponen al descubierto que esta cuestión no podía ser articulada en forma pública, es decir, los funcionarios argentinos no podían reconocer ni sostener semejante decisión ante la ciudadanía. Teherán lo entendía. Había que encontrar, entonces, una forma solapada de poder articular estos intereses. Esto llevaría, eventualmente, a la peculiar redacción del Memorando de Entendimiento firmado a principios de 2013, que no es más que un instrumento y uno de los medios a través de los cuales se lograría la impunidad.…..
Los motivos del encubrimiento.
Aun cuando la configuración del delito de encubrimiento no exija normativamente la acreditación de los intereses que pudieron haber motivado al sujeto activo a desplegar la conducta típica, dada la sofisticación que reviste este caso, es sumamente ilustrativo explayarse, según los indicios y elementos probatorios obtenidos, sobre aspectos de esta cuestión ya que, a criterio del suscripto, contribuyen a comprender acabadamente el plan criminal aquí denunciado.
Quedó ya acreditado que las autoridades argentinas decidieron que resultaba conveniente restablecer relaciones bilaterales plenas con la República Islámica de Irán. Se reitera que sobre ese punto, nada hay para discutir pues, compartida o no, dicha decisión es propia del Poder Ejecutivo y no es materia judiciable.
Por otra parte, cabe aclarar que las razones de índole comercial que motivaron a las autoridades argentinas y demás partícipes, exaltadas por la severa crisis energética, se desprenden de los elementos con que se cuenta y por ello, se las considera determinantes de las conductas que se denuncian, pero no únicas.
También se cuenta con elementos probatorios que demuestran que existieron razones de índole geopolítica que motivaron el acercamiento con Teherán. Según estas pruebas, se entendió que el actual escenario mundial favorecía la proximidad con Irán e imponía la necesidad de aniquilar la causa AMIA.
Por lo demás, no se puede descartar que hayan existido otros motivos alternativos y complementarios a los aquí constatados, que hayan contribuido también a impulsar la decisión y las maniobras de encubrimiento aquí expuestas. En ese caso, la determinación de estas razones concurrentes podrá ser abordada en la investigación aquí propiciada.
Ahora bien, la Dra. Cristina Fernández fue lo suficientemente sagaz para advertir, a priori, que esa decisión jamás sería tolerada pacíficamente por la opinión pública argentina debido al pronunciamiento de la justicia nacional sobre la responsabilidad de funcionarios iraníes en el atentado contra la sede de la AMIA.
Es decir, acercarse y negociar con el gobierno de un país cuyos funcionarios y ex funcionarios están acusados de participar del más grave atentado perpetrado en territorio nacional, generaría una fuerte polémica si no se abordaba la cuestión pendiente en torno a la causa AMIA antes del inicio de las tratativas comerciales.
Presente ello, el modo del que se valió Cristina Elisabet Fernández para zanjar esta cuestión espinosa resulta verdaderamente inexplicable y, lo que es central, delictivo. Decidió, lisa y llanamente, obviar el problema. Optó entonces por desconocer lo decidido por la justicia y ordenar la ejecución de un plan de encubrimiento que permita liberar a los prófugos iraníes de toda sospecha, eximiéndolos de responsabilidad penal y garantizándoles impunidad para el futuro. Sin acusación que entorpezca las relaciones, no habría objeciones para avanzar en el terreno comercial a nivel estatal. Existía, entonces, la necesidad de “lavarle la cara” a Irán.
Con esta idea en mente, se negoció secretamente un acuerdo de impunidad, aceptando dar de baja las notificaciones rojas de Interpol de los cinco imputados iraníes y -como se verá- construyendo, clandestinamente, una hipótesis alternativa que señalara nuevos y falsos acusados para desincriminar a los verdaderos culpables.
En ese camino, se realizaron negociaciones secretas y luego públicas, se suscribió el Memorando de Entendimiento, se impulsó velozmente su aprobación en el Congreso Nacional; se mintió a familiares y víctimas del atentado prometiéndoles que serían consultados sobre las propuestas esgrimidas en la negociación; se destinaron agentes del servicio de inteligencia de la Presidencia de la Nación para que “construyan” una falsa pero verosímil hipótesis alternativa a la obtenida judicialmente y basada en las pruebas del caso, recurriendo a un ex fiscal de la causa para que aporte su conocimiento; se estableció un canal de comunicación paralelo con Teherán; se articuló una campaña política y mediática para desacreditar las imputaciones judiciales y se montaron verdaderas actuaciones para disimular el plan criminal. En síntesis, se realizaron un sinfín de conductas que, analizadas globalmente, reflejan tanto el dolo directo de los partícipes de esta maniobra delictiva como la minuciosidad con que el encubrimiento estuvo pensado y ejecutado.