Acuerdos Regionales en Argentina en Argentina

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Definición de Acuerdo regional

Según el concepto de Acuerdo regional que brinda el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Acuerdo regional hace referencia a lo siguiente:

Dícese de la persona que se celebra entre Estados que se encuentran vinculados por una solidaridad de carácter geográfico, a efectos de reforzar su recíproca seguridad. Tales acuerdos se encuentran previstos en el capítulo 8 de la Carta de las Naciones Unidas.

Relaciones regionales de Argentina

Argentina y Chile llegaron a un acuerdo en 1991 sobre las reclamaciones de territorio en la región antártica; sin embargo, la soberanía del territorio siguió siendo objeto de disputa, lo que hizo necesaria la firma de un protocolo adicional en 1996. En 1998, los Presidentes de ambos países firmaron un nuevo acuerdo sobre la demarcación fronteriza del territorio disputado de los «glaciares continentales» en la región antártica (a pesar del tratado de 1991). En 1999, ambos países emitieron una declaración conjunta sobre su compromiso con la consolidación de su amistad. Sin embargo, las relaciones bilaterales se tensaron en 2004, después de que el Presidente Kirchner redujera las exportaciones de gas a Chile para hacer frente a un déficit en el consumo interno. En 2006 se creó un grupo bilateral para resolver cualquier desacuerdo futuro en materia energética.

Argentina fue miembro fundador del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que entró en vigor el 1 de enero de 1995. El MERCOSUR, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, eliminó las barreras aduaneras en el 80%-85% de los bienes que se intercambian mutuamente, y debía conducir a la eventual introducción de un arancel externo común. Tras una serie de conflictos comerciales en el seno del MERCOSUR, especialmente entre Argentina y Brasil, se firmó el Consenso de Buenos Aires en 2003. El acuerdo consistía en estudiar formas de resolver las disputas comerciales, además del establecimiento de una legislatura del MERCOSUR. El parlamento del MERCOSUR se inauguró en 2007, y en 2010 se introdujo un nuevo código aduanero común. Las relaciones con Venezuela (que se había incorporado al MERCOSUR en 2012) se deterioraron después de que este país asumiera la presidencia rotatoria del MERCOSUR en 2016 en contra de los deseos de Argentina, Brasil y Paraguay. Los cuatro miembros originales declararon que no reconocerían la presidencia venezolana del bloque hasta que el Gobierno de Nicolás Maduro cumpliera con los requisitos de pertenencia al MERCOSUR en materia de derechos humanos. En junio de 2019, el MERCOSUR firmó un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), aunque el acuerdo aún debía ser ratificado en abril de 2020.

En mayo de 2017, Argentina y Paraguay llegaron a un acuerdo sobre la larga disputa por la deuda que tiene Paraguay por la construcción de la presa hidroeléctrica de Yacyretá, operada conjuntamente, en el río Paraná. Paraguay permite a Argentina utilizar una parte de la electricidad producida, y Paraguay había argumentado durante mucho tiempo que este exceso de energía debía destinarse a pagar la suma original prestada. Además del pago de la deuda, Argentina aceptó pagar 1.000 millones de dólares en compensación por las tierras paraguayas inundadas para dar paso a la presa.

Las relaciones con Uruguay se tensaron en 2005 debido a la decisión de Uruguay de permitir la construcción de dos fábricas de celulosa en el río Uruguay. Argentina se opuso al proyecto por motivos medioambientales y presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), alegando que las fábricas violaban el Estatuto del Río Uruguay de 1975. En septiembre de 2006, un panel de arbitraje del MERCOSUR dictaminó que Argentina había incumplido las cláusulas de libre comercio del acuerdo comercial al no impedir los cortes de carretera en curso, aunque fuera de forma involuntaria. En octubre, Argentina desestimó un dictamen del Banco Mundial, según el cual el proyecto cumplía todas las normas medioambientales internacionales (las fábricas estaban financiadas en parte por el Banco Mundial), lo que provocó nuevos bloqueos. La inauguración de la primera planta en 2007 provocó grandes manifestaciones en Argentina. La CIJ dictaminó en 2010 que Uruguay había incumplido sus obligaciones procesales en virtud del Estatuto del Río Uruguay al no informar a Argentina de sus planes, pero que no había violado sus obligaciones medioambientales. El Tribunal rechazó la petición de Argentina de desmantelamiento de la planta (propiedad de la finlandesa UPM) y de indemnización. La presidenta Fernández y el presidente uruguayo José Mujica firmaron un acuerdo sobre la creación de un comité científico bilateral para supervisar el impacto ambiental de todas las operaciones en el río Uruguay y, al año siguiente, firmaron una serie de acuerdos bilaterales en diversas áreas, como las infraestructuras de transporte y el sector empresarial. Sin embargo, en octubre de 2013 Mujica aprobó una solicitud de UPM para aumentar la producción en la fábrica. El Gobierno argentino declaró inmediatamente su intención de remitir el asunto a la CIJ e impuso restricciones de represalia al transbordo de mercancías con destino a Argentina a través de puertos uruguayos. Las relaciones se deterioraron aún más en 2014 tras la entrada en vigor del aumento de la producción. En julio, el Gobierno anunció planes para dragar un canal de navegación de 53 kilómetros a lo largo del Río de la Plata, lo que aumentaría el tráfico hacia los puertos de Argentina en detrimento de Montevideo. El Gobierno uruguayo alegó que el canal propuesto incumplía el Tratado del Río de la Plata.

El presidente Macri trató de mejorar las relaciones con Uruguay; el nuevo presidente hizo de Uruguay el destino de su primera visita al extranjero en enero de 2016. Los dos jefes de Estado firmaron varios acuerdos de cooperación; en particular, Macri anunció el fin de la prohibición de que las importaciones argentinas se enviaran a través de puertos uruguayos. También se firmó un acuerdo de cooperación en materia de política portuaria. Los dos países también crearon una comisión binacional para supervisar la contaminación en el río Uruguay, lo que puso oficialmente fin a la larga disputa sobre las fábricas de celulosa.

Revisor de hechos: Brooks